CINCO MESES DE PROTESTAS
La ciudad portuaria de Hong Kong fue y sigue siendo uno de los mayores centros financieros del mundo, el más importante de Asia y el Pacífico. Antigua colonia británica hasta 1997, tras un largo periodo de negociaciones, el territorio volvió a soberanía de la República Popular China, que se comprometió a mantener algunas de las prerrogativas vigentes (como la autonomía judicial o la libertad de expresión) bajo el denominado modelo de “Un País, dos Sistemas”, fijado por una Ley Básica en vigor por un periodo de 50 años. Es preciso recordar que bajo dominio británico, la región no gozó de un sistema democrático, y es de prever que Beijing contase con gobernar de un modo similar a como lo había hecho Londres hasta la fecha. Sin embargo, y con especial intensidad a partir de 2014, han proliferado las protestas populares que demandan principalmente que el gobierno regional sea elegido por sufragio universal, y no como hasta la fecha, por una Junta de Notables (1.200 personas), algunos de los cuales son grandes titanes inmobiliarios que se enriquecen en el mercado más caro del mundo, donde el precio medio de una vivienda es 20 veces el salario medio anual (en EEUU es 4 veces dicho valor). El fantasma de la recesión económica, el repunte en el precio de la vida y la incapacidad de que los intereses de los ciudadanos se vean reflejados efectivamente en la agenda política se suman a la incertidumbre por el día después a la extinción de la Ley Básica (2047), lo que conlleva la rápida inflamación de las protestas. Fue así como el anuncio de la Ley de Extradición en 2019, que decretaba el traslado de detenidos a la China continental para su juicio -minando de facto la justicia de Hong Kong- provocó un clamor popular que dio origen a la ola actual de protestas. La retirada de la Ley, en octubre, no pudo poner fin a las protestas, que seguían reclamando la destitución de la Jefa Ejecutiva, Carrie Lam y la satisfacción de cuatro de las “Cinco demandas” restantes.
¿CUAL ES LA REACCIÓN DE BEIJING?
Por el momento, el gobierno central mantiene su apoyo a Carrie Lam, y apoya la tesis de que el malestar es económico y no político. Se han postulado posibles ciudades candidatas a relevar a Hong Kong como centro financiero (Shenzen y Shanghai), si bien la autonomía judicial es un elemento diferencial favorable frente a ambas. Desde julio, el contingente de efectivos del Ejército de Liberación Popular en Hong Kong ha aumentado significativamente (de 4.000 a 11.000 soldados), incluyendo un número indeterminado de efectivos de la Policia Armada Popular, el cuerpo paramilitar para la contención no letal de protestas. Sin embargo, estos no han intervenido aún contra los manifestantes y los indicios apuntan a que Beijing no desea desplegar las fuerzas armadas, del mismo modo que los manifestantes evitan deliberadamente provocarlas. Hasta el momento, la represión de los manifestantes recae en la Polícia de Hong Kong. Y es que la intervención del ejército presumiblemente llevaría la condena internacional a un nivel superior.
