Ramon Sanahuja
Director del Servicio de Atención y Acogida a Inmigrantes, Ayuntamiento de Barcelona
Según las últimos datos del Ministerio del Interior, en 2018 la llegada a España de personas en situación irregular por vía marítima, incluidas las llegadas a Ceuta y Melilla, fue de 64.298 personas, un incremento del 131% respecto el año anterior. El aumento de llegadas, más intenso a partir de mayo de 2018, supuso que durante algunos meses los sistemas convencionales de acogida del Ministerio de Fomento (rescate), de Interior, (seguridad) y de Empleo (atención social) estuvieran saturados. Esta situación fue aprovechada por algunos responsables políticos para endurecer el discurso sobre inmigración y relacionarlo con las dificultades por las que atraviesan los servicios públicos, como la sanidad, la educación, pensiones, etc. Frecuentemente se usan términos como “avalancha”, “ola migratoria” “llegadas masivas” que encajan en el relato apocalíptico de la extrema derecha. La presencia mediática constante de estas llegadas y el uso de este lenguaje influyen en la opinión pública.
Ahora bien, ¿realmente nos encontramos ante una situación tan apocalíptica? La cifra mencionada es pequeña si la comparamos con la población global del país (46 millones de habitantes) o con el proceso de regularización de 2006: en pocos meses se otorgó el permiso de residencia a 578.375 personas.
La imagen que se tiene de la persona en situación irregular en España es la de una persona africana que llega por la frontera sur atravesando el Mediterráneo. Sin embargo, esta vía no constituye la principal forma de llegada a España o Europa. El principal flujo de entrada se produce a través de los aeropuertos, personas que entran en su mayoría como turistas y que, finalizado el periodo autorizado de visita, no regresan al país de origen permaneciendo en España en situación irregular. En España por ejemplo, proceden de lugares como Venezuela, Honduras y Colombia. También podemos destacar otros perfiles de personas en situación irregular, como los solicitantes de asilo denegados (un 76% durante 2018) o las personas que se quedan en situación irregular sobrevenida.
¿Cuáles han sido las estrategias de las administraciones públicas respecto a las personas en situación irregular? Habría que distinguir entre los distintos niveles de administración: el Estado y la UE ofrecen como única alternativa legal el retorno voluntario o la expulsión. La realidad nos muestra que la inmensa mayoría de las personas en situación irregular acaban estableciéndose mayormente en ciudades, con la voluntad de trabajar —en la economía informal al principio— y regularizar posteriormente su situación.
Ante esta evidencia, las administraciones locales en España han optado en su mayoría por un enfoque realista, que ha priorizado la inclusión en los servicios públicos de las personas en situación irregular, a partir de facilitar el empadronamiento.
La experiencia local es que la persona en situación irregular de hoy en día será persona regular mañana
Las alcaldías y las administraciones locales también priorizan la prevención de la exclusión y segregación social. Este trabajo de acogida, a menudo se realiza en colaboración con entidades sociales de proximidad —incluidos los sindicatos— que facilitan asesoramiento jurídico para alcanzar la regularización.
La experiencia desde el mundo local es que la persona en situación irregular de hoy será la futura persona regular mañana, por tanto, cuanto antes se facilite la acogida y la inclusión normalizada, mejor para todos. El acceso al padrón, obligatorio, es clave para ello y da derecho a la vecindad, independientemente del estatus jurídico de la persona. El padrón de habitantes es una herramienta singular en la legislación europea que facilita la integración de inmigrantes de una forma muy eficaz y el acceso a los servicios normalizados, evitando segregación y exclusión.
En otros contextos legislativos muy distintos, algunas ciudades europeas han desarrollado otras estrategias de inclusión y protección, como la emisión de “tarjetas de identidad” o la creación de las “ciudades santuario”. En el contexto español cabe destacar la iniciativa de la ciudad de Barcelona que aprobó por primera vez una medida de gobierno específica dirigida a “Facilitar el acceso a la regularidad y prevenir la irregularidad sobrevenida”.
La situación en España durante los últimos veinte años ha sido la entrada mayoritaria de personas en situación irregular y a continuación el acceso a la regularidad a través de dos procedimientos: la regularización extraordinaria –la última fue en 2005–, y del mecanismo permanente del arraigo social (permiso de residencia por circunstancias excepcionales). Nada ha cambiado ni a nivel legislativo ni a nivel de estructura productiva, ni tampoco en cuanto a las prácticas empresariales (la economía informal sigue siendo muy importante). Por ello, todo indica que la llegada de personas en situación irregular, su asentamiento y su posterior regularización, seguirá siendo la norma en los próximos años en España, y estará vinculada a las fluctuaciones de los ciclos económicos.