Fabricio Borges Carrijo
Profesor de la Universidad Federal de Roraima, Brasil
El año 2017 se ha caracterizado en Brasil por haberse producido enormes retrocesos en derechos sociales y porque se puso de manifiesto que ya no caben eufemismos respecto a la destitución de Dilma Rouseff en 2016: se debe reconocer que fue el resultado de un evidente golpe parlamentario. Esto creó las bases para que 2017 fuera un año de intensificación de una agenda política neoliberal en la economía, al mismo tiempo que muy conservadora en los valores. El golpe empezó sobre todo a partir de las protestas de 2013, cuando la indignación ciudadana y sus demandas iniciales por la mejora de los servicios públicos fueron apropiadas por el relato maniqueo que lo presentaban como un problema asociado a la corrupción y la crisis económica; se culpó a las administraciones de Lula y, a continuación, de Dilma, como causa de todo ello y su impeachment fue presentada como la solución final.
En 2017 se intensificó una agenda política neoliberal en la economía y muy conservadora en los valores
Este relato construido cuidadosamente a través de la asociación entre partidos de centro y derecha, medios de comunicación de masas, sectores empresariales nacionales y el capital financiero internacional posibilitó la creación de un imaginario colectivo respecto al enemigo a ser combatido, y de paso también permitió la llegada de Michel Temer a la presidencia sin el respaldo del voto popular. Así, en 2017 el golpe parlamentario fue consolidado a través de un conjunto de medidas con un marco neoliberal y que generaron la suspensión de derechos sociales y pusieron en riesgo la frágil democracia en Brasil. Fue implementada una reforma laboral que aumentó la precarización en la relaciones de trabajo e impuso trabas al acceso de los trabajadores a la justicia. A esto se suman las acciones del gobierno para dificultar la fiscalización de casos de trabajo análogo a la esclavitud. En la estela de medidas de austeridad, fue aprobada la enmienda constitucional 95 que, al limitar los gastos sociales, impide la inversión en salud y educación durante los próximos veinte años. De este modo, se puso en marcha un proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar a la vez que hubo privatizaciones en sectores estratégicos para la soberanía del país, como el petrolero y la electricidad. Se produjo incluso el intento del ejecutivo de poner a subasta reservas minerales en la región amazónica.
El cierre y la prohibición de exposiciones artísticas, persecución a activistas, profesores y demás ciudadanos que plantan cara al discurso dominante señalan el crecimiento del conservadurismo en Brasil, y su instrumentalización como herramienta de distracción respecto a los retrocesos sociales que dominan la agenda política del país. Sin embargo, el deterioro de las condiciones de vida de parte considerable de la población ya se hace sentir y en 2018 habrá elecciones presidenciales y legislativas, lo que nos deja como incógnita si la derecha logrará mantener su dominio o si la izquierda conseguirá proponer alternativas y obtener el apoyo popular para su implementación. En el actual momento de desencanto e incertidumbre también emerge la posibilidad de creación de nuevos mecanismos de resistencia y otras formas de estar en el mundo, a través de relaciones más solidarias, dialógicas y ecológicamente sostenibles.