Elena Sánchez-Montijano
Investigadora, CIDOB
Albert F. Arcarons
CED y FIERI
A pesar de que UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) defina el tráfico de inmigrantes (smuggling en inglés) como un “delito que involucra la obtención de un beneficio financiero u otro beneficio material por el ingreso ilegal de una persona a un Estado del que esa persona no es nacional o residente” (Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 15 noviembre 2000), lo cierto es que en el Mediterráneo se está haciendo un mal uso, o al menos un abuso, del concepto. Como consecuencia, a la práctica, una delgada línea roja separa al rescate, el tráfico de inmigrantes y la trata de personas.
En 2015 la Comisión Europea lanzaba el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015- 2020) con objeto de “enfatizar la importancia de compartir información sobre los vínculos entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos”. Pero, ¿puede ser vinculado el rescate de personas con el tráfico de inmigrantes (servicios de facilitación) y con la trata de seres humanos? Buena parte de los análisis académicos que se han realizado en el Mediterráneo ponen en duda el predominio actual del enfoque criminológico, en tanto que este vincula únicamente el tráfico con el negocio y el crimen organizado internacional. De igual forma, los datos sustentan este cuestionamiento. De hecho, cuando Interpol analiza el vínculo entre el tráfico de inmigrantes y otros tipos de delito confirma que es casi inexistente. A pesar de ello la porosidad entre las nociones de rescate, tráfico y trata permite que se confundan y se entremezclen.
Por ejemplo: en los últimos tres años, docenas de ONG han salvado a decenas de miles de personas de ahogarse en el mar Mediterráneo. Sin embargo, sus acciones de rescate no han sido bien recibidas por todas las partes interesadas. Algunas ONG, como Save the Children, ProActiva Open Arms o SOS Méditerranée, han sido acusadas por Frontex de cooperación con contrabandistas, aludiendo a que están facilitando su trabajo. De hecho, tanto en Grecia como en Italia hay casos abiertos que investigan el vínculo entre estas organizaciones y las redes de tráfico. La controversia está asegurada: contribuir al tráfico o salvar vidas. La intensificación de la tensión y el enfrentamiento promovido por la UE, en particular con los buques costeros de Libia, ha provocado que algunas ONG suspendan las operaciones de salvamento. Mientras tanto, algunos estudios han demostrado que la evidencia existente no respalda la idea de que los rescates aumentan el número de cruces de migrantes y, por lo tanto, no contribuyen a las prácticas del tráfico.
De 2015 a 2017, 1.604.389 personas han sido interceptadas cruzando las fronteras del Mediterráneo de forma irregular
Frente a esto, las organizaciones delictivas en los países de acogida se benefician del contexto de vulnerabilidad en el que tienen lugar las prácticas de tráfico de inmigrantes. Este es el caso del crimen organizado en Italia. La mafia siciliana es un ejemplo paradigmático: aprovecha los servicios de contrabando disponibles para patrocinar encubiertamente a migrantes irregulares, que deben pagar los costos del viaje por medio del trabajo forzado a su llegada. Con la cooperación de bandas de narcotraficantes y funcionarios dentro de campamentos de refugiados hacinados y no supervisados, la Cosa Nostra se beneficia de las vulnerabilizadas mujeres nigerianas obligándolas a trabajar en la industria del sexo. La ineficacia del estado italiano para tratar las solicitudes de asilo, junto con los altos niveles de corrupción política y la prominencia de la economía ilícita, facilitan la actividad de la mafia.
Según los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de 2015 a 2017, 1.604.389 personas han sido interceptadas cruzando las fronteras del Mediterráneo de forma irregular. Según Europol e Interpol, del 80 al 90% de estos inmigrantes consiguieron alcanzar las costas europeas gracias a la ayuda de los traficantes de inmigrantes. En total, se estima que los servicios de facilitación de personas durante el 2015 generaron 6.000 millones de dólares y que de media una persona ha pagado para realizar su viaje entre 3.200 y 6.500 dólares. Estos datos dan cuentan de la indudable relevancia que este fenómeno ha adquirido para la UE y, en especial, del incansable esfuerzo que está realizando para luchar contra su proliferación, a pesar de estar lejos de ser tres caras de una misma moneda. La Unión sigue sin ofrecer canales seguros de entrada a las miles de personas que continúan llamando a sus puertas, lo que hace prever que las prácticas de tráfico no se vayan a ver reducidas en el corto plazo, incrementando los riesgos y los costes del viaje.