Haizam Amirah Fernández
Investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano y profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto empresa (IE)
Las sociedades árabes tienen un problema con los contratos. Para un porcentaje elevado y creciente de sus casi 400 millones de habitantes, el contrato que no llega nunca es el de un empleo decente o el de una vivienda digna. Ahora bien, lo que más está fallando en esos países son sus viejos contratos sociales, cada vez más cuestionados y obsoletos. Durante varias décadas, el contrato social que vinculaba a los gobiernos árabes con sus ciudadanos venía impuesto desde arriba. Los gobernantes se aseguraban su permanencia en el poder a cambio de dispensar gasto público en forma de empleos, subsidios y unos servicios sanitarios y educativos básicos.
En ausencia de una legitimidad derivada de unos procesos políticos participativos y plurales, los regímenes árabes —cada uno a su manera— buscaron fuentes alternativas de legitimación. Durante más de medio siglo, el llamado “contrato autoritario” (authoritarian bargain) ha consistido en que los ciudadanos árabes renunciaban a buena parte de sus derechos políticos a cambio de gasto público, seguridad personal y algunos beneficios otorgados por el Estado. Este tipo de contratos no negociados se han mantenido vigentes en la medida en que los gobernantes cumplían grosso modo con sus promesas, al tiempo que mantenían una elevada capacidad de represión para acallar las voces críticas.
El contrato social ofrecido por los gobernantes árabes a sus poblaciones no habría sido posible sin la existencia del rentismo, tan extendido en la región. Los estados rentistas son aquellos que obtienen una parte importante de sus ingresos mediante la venta de sus recursos naturales o la generación de rentas estratégicas en forma de ayuda exterior, en lugar de la extracción de impuestos de la ciudadanía. El rentismo ha seguido distintos modelos en distintos países árabes: los productores de petróleo disponen de enormes recursos económicos, sobre todo cuando los precios son altos, mientras que varios países sin petróleo reciben ayudas de sus “hermanos árabes” ricos del Golfo, así como remesas de sus expatriados que trabajan allí.
Las revueltas antiautoritarias de 2011 debieron servir como señal de alarma de que algo importante estaba fallando a nivel regional. Esa primera ola de movilizaciones multitudinarias y transnacionales era una demostración de que se estaba rompiendo el contrato social en varios países árabes. La caída de los ingresos de los hidrocarburos, el aumento de los gastos estatales y las crecientes presiones demográficas están alterando los equilibrios en la región árabe en lo que va de década.
Sin los ingresos necesarios para seguir manteniendo unos sistemas ineficientes y cada vez más corruptos, los gobernantes árabes están incumpliendo su parte del “contrato autoritario”, pero tampoco están dispuestos a compartir el poder ni a conceder derechos políticos a la ciudadanía.
Resulta primordial negociar un nuevo contrato social que genere confianza y fe en el sistema
El colapso gradual del viejo contrato social en los países árabes es un problema extendido y persistente, como han vuelto a recordar las sociedades de Argelia y Sudán en 2019. Ni el “despertar árabe” se terminó con la imposición de un nuevo/viejo autoritarismo, ni las causas del malestar se han abordado con éxito. Más bien parecería todo lo contrario. A menos que el conjunto de la región árabe logre pronto una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía que esté basada en una gobernanza efectiva, parece inevitable que se produzcan más inestabilidad social y turbulencias políticas en todo Oriente Medio y el norte de África.
Los desafíos a los que se enfrentan los países árabes son numerosos y complejos. Si se quieren poner soluciones duraderas a las demandas de las poblaciones, resulta primordial negociar un nuevo contrato social que genere confianza y fe en el sistema. Las reformas cosméticas o simbólicas ya no bastan para apaciguar los ánimos. O se rompe la tendencia actual mediante la adopción de reformas económicas junto con mayores cotas de buen gobierno y participación política, o la región experimentará —y exportará— más inestabilidad y dinámicas destructivas.