Como todas las fronteras, los límites bajo control estatal son, también en el mar, construcciones mentales basadas en el acuerdo –o la imposición– entre las partes implicadas. Más aún que en tierra firme, los límites en el mar son imprecisos y a menudo, pueden ser fuente de discordia. A partir del s. xx y en particular a partir de la aprobación de las Convenciones de Ginebra sobre la Ley del Mar de 1958 y particularmente con la posterior UNCLOS, de 1982, los estados han intentado ordenar el régimen de control del espacio marino. Sin embargo, transformaciones como la evolución de las rutas del comercio global y de las tecnologías de prospección y extracción de energía han generado nuevos incentivos para los estados para proyectar su influencia sobre el océano (la economía azul). Como en todo acuerdo, la confianza entre las partes es determinante para generar estabilidad, por lo que la emergencia de nuevas potencias interesadas en alterar el statu quo traslada incertidumbres al mar, reactivando o agudizando conflictos que, en algunos casos, llevan décadas –si no siglos– enquistados. La energía, por ejemplo, es en este contexto una oportunidad para la concertación (en caso de acuerdo) o para el conflicto (en caso de desavenencia).