Ilona Szabó de Carvalho
Cofundadora y directora ejecutiva del Instituto Igarapé
Los latinoamericanos están inquietos por la seguridad pública y esta cuestión encabeza regularmente las encuestas públicas como su principal preocupación. Y tienen buenos motivos para estar preocupados: son los líderes mundiales en delitos violentos. Pese a ciertos indicios de mejora en algunos de sus países y ciudades, la región, con un 8% de la población mundial, contabiliza más del 38% del total de homicidios.
Reconocer el alcance y la magnitud de esa criminalidad es fundamental para contribuir a la concienciación del problema y para diseñar soluciones. Si bien el llamado populista de más policía y más cárceles a menudo sirve para ganar votos, no hay pruebas de que dichos enfoques sean efectivos o eficientes. Al contrario, empeoran aún más el problema.
Los latinoamericanos deben repensar cómo prevenir y reducir la criminalidad. Y centrarse en las zonas conflictivas de las ciudades: 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en esa región. En el año 2017, el índice de homicidios en El Salvador superó el 60 por 100.000, y su capital, San Salvador, llegó al 95,7. No obstante, también algunas de las reducciones recientes más destacables del número de delitos violentos han tenido lugar en ciudades latinoamericanas como Bogotá, Medellín, São Paulo y Ciudad Juárez. Son estos casos de éxito gracias a un liderazgo competente, al uso inteligente de la información, a la mayor presencia policial en las zonas conflictivas y a programas de prevención específicos en áreas conflictivas.
La violencia latinoamericana tiene una serie de características comunes. En primer lugar, se perpetra frecuentemente con armas de fuego. En Brasil, por ejemplo, siete de cada diez asesinatos se cometen con pistolas. Una proporción enorme de las víctimas son varones negros, pobres y jóvenes. El mismo patrón se repite en toda la región: por término medio, un 75% de los homicidios que se cometen en América Latina implican el uso de un arma de fuego, comparado con el 40% de promedio global. Es por ello que la imposición de una regulación sensata sobre la posesión de armas, el control sobre las armas de los policías y de los guardias privados, y la investigación del tráfico ilegal de armas resulta fundamental.
Para reducir la violencia las estrategias con mejores resultados combinan una vigilancia policial inteligente y la prevención social
Históricamente, los gobiernos latinoamericanos han seguido un enfoque que favorecía la represión por la represión. Desde Brasil a México, la receta incluía operaciones policiales agresivas y encarcelamientos masivos. Y pese a determinadas iniciativas episódicas para promover la “seguridad ciudadana”, las sociedades latinoamericanas se han gastado miles de millones en mano dura. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los costes regionales de la delincuencia para los países latinoamericanos y caribeños representaron aproximadamente un 3% del PIB regional anual. El coste medio anual es de 236.000 millones de dólares, unos 300 dólares per cápita.
Los enfoques del tipo mano dura no solo corroen la democracia y comprometen las libertades civiles, sino que son a menudo espectacularmente ineficaces. Ampliar las competencias policiales para detener a la gente por infracciones leves, suspender las garantías procesales de los sospechosos, y desplegar soldados y paramilitares para promover la seguridad doméstica, a menudo fracasan en su intento de reducir los índices de criminalidad violenta. Con frecuencia, incrementan la incidencia de enfrentamientos violentos, menoscaban el estado de derecho y promueven una atmósfera “bélica” que corroe la defensa de la democracia.
De manera más positiva, los latinoamericanos también han puesto de manifiesto que es posible prevenir y reducir la violencia. Las estrategias con mejores resultados combinan una vigilancia policial inteligente y la prevención social con unos objetivos claros y respetuosos con los derechos humanos básicos. Las intervenciones que han producido resultados positivos se han centrado en limitar el acceso a la posesión ilícita de armas de fuego y de munición. Dólar a dólar, las medidas más efectivas también privilegian la asistencia a las familias monoparentales, garantizan unas oportunidades de educación y empleo creíbles para los jóvenes en situación de riesgo, y conciben el delito a partir de programas de rehabilitación urbana.
Aunque la violencia criminal ha sido lamentablemente normalizada en Latinoamérica, no es inevitable. Pero hacer frente al crimen requiere liderazgos valientes, voluntad de trabajar en colaboración y compromiso con las intervenciones basadas en información y motivos racionales. Las apelaciones a la ideología y a la moral en la lucha contra el crimen no solo son irracionales, sino también potencialmente inmorales.