Oriol Illa i Garcia
Director del Área de Internacional y Cooperación, Área Metropolitana de Barcelona
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene sus orígenes en la Corporación Metropolitana de Barcelona, creada en 1974 para dar respuesta a la explosión demográfica y urbanística que, en pocos años, desbordaba la acción pública en la provisión de servicios. Barcelona es-taba creciendo desordenadamente y este hecho comportaba muchos problemas derivados de un proceso de urbanización rápido y sin planificación. Pero no fue hasta el año 2011 cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 31/2010 de creación del AMB, surgida de la fusión de la Mancomunidad de Municipios de Barcelona, la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad Metropolitana del Transporte, dotándola de competencias y de recursos destinados a garantizar servicios públicos a escala metropolitana para ganar en eficiencia y eficacia.
La provisión de servicios públicos de calidad y la gobernanza metropolitana, fueron dos de los objetivos que la Ley 31/2010 buscó resolver, con la intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas más allá de los límites administrativos de las 36 ciudades que hoy forman parte del AMB.
Dentro de los debates urbanos y metropolitanos que en el ámbito internacional se están dirimiendo, surgen orientaciones globales para la implantación de políticas públicas que, como la nueva agenda urbana Habitat III, están siendo refrendadas en grandes instituciones internacionales. Pero no es la única; también se suman a esta gran reflexión sobre el futuro de las áreas metropolitanas la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los Acuerdos de París del 2015 sobre cambio climático, o el Consenso Europeo sobre el Desarrollo.
Todas estas iniciativas, que conforman un tipo de agenda global que puede y debe inspirar la política local, tienen un elemento en común: las ciudades y las áreas metropolitanas se configuran como actores capacitados para llevar a cabo, implementar y ejecutar las políticas públicas imprescindibles para conseguir los objetivos que la propia agenda internacional establece.
La nueva agenda urbana reconoce que son las áreas metropolitanas el espacio para hacer efectiva esta agenda global
La nueva agenda urbana nacida en la conferencia de Naciones Unidas celebrada en Quito en el 2016, plantea soluciones a retos que tienen su raíz en el ámbito local pero con repercusión global, como es la lucha contra las desigualdades, el surgimiento de una economía con bajas emisiones de CO2 o la construcción de ciudades seguras y resilientes. La nueva agenda urbana reconoce y establece que son las áreas metropolitanas los espacios territoriales y poblacionales imprescindibles para hacer efectiva esta agenda global. Hay, ciertamente, una complejidad en la propia definición de lo que la nueva agenda urbana entiende como “área metropolitana” a nivel global. Así como los conceptos “ciudad” o “Estado” están internacionalmente reconocidos y establecidos, y son equiparables y homologables a los estándares internacionales, no pasa lo mismo con la definición del área metropolitana, donde confluyen interpretaciones y realidades muy diferentes, y que van desde las cities o las greater cities, pasado por las urban agglomeration o las ‘mega region’, acabando por las gran metrópolis que actúan (porque en cierta medida lo son) como ciudades-estado.
Los retos que se plantean desde la comunidad internacional en relación al cambio climático o a la cohesión social solamente serán realizables si las áreas metropolitanas, conjuntamente con los actores locales, se comprometen a desplegar políticas efectivas que hagan posible los grandes acuerdos rubricados por los gobiernos nacionales. Unos acuerdos que se inspiran en los pilares sobre los que se justifica la existencia de la nueva agenda urbana y que son: el impulso de políticas urbanas nacionales, el refuerzo de la legislación urbana, la planificación y el diseño urbano, la economía local y, por último, la implementación local. Estos pilares suponen, sin ninguna duda, la imprescindible priorización de las políticas públicas a realizar durante el período 2015-2030.