Alexandra Kirby
Gerente Superior de Programas, European Endowment for Democracy
Desde la Revolución de Terciopelo en mayo del 2018, Armenia ha continuado su viaje hacia la democracia. Las elecciones han sido libres e imparciales, las sesiones de los tribunales y del gabinete son más transparentes, hay una mayor apertura para los debates públicos, y el gobierno ha iniciado reformas para luchar contra la corrupción y en la justicia y el orden público.
Al mismo tiempo, la situación es cada vez más compleja. Una de las fuerzas impulsoras de la revolución, las redes sociales, es ahora un campo de batalla en el que el antiguo gobierno y sus agentes, nacionales y extranjeros, y unos medios de comunicación nada transparentes organizan campañas difamatorias, promueven noticias falsas y manipulan. Los medios audiovisuales siguen siendo financieramente opacos y la mayoría de ellos sirve a los intereses del anterior gobierno. Debido al crecimiento de la desinformación, al carácter emocional del debate, a la falta de think tanks y de una tradición de gabinetes de estudios estratégicos en el diseño de políticas, la sociedad civil se esfuerza en la discusión de las reformas políticas. La política tiene todavía un carácter muy personalista y no se basa en las ideas. Pese a la implicación de diferentes minorías y al papel público desempeñado por las mujeres durante la revolución, la retórica gubernamental es cada vez más conservadora. Los temas de género se esgrimen como armas en la pugna política entre el antiguo régimen y el nuevo, mientras que el conflicto sin resolver de Nagorno-Karabaj es explotado en el discurso nacionalista y defensivo. El gobierno no tiene una agenda clara, y el diálogo con la sociedad civil es poco sistemático y se basa principalmente en las conexiones personales. Muchos activistas están preocupados por su escaso margen de acción. Los defensores de los derechos humanos, los miembros de las minorías y los periodistas denuncian un incremento del discurso del odio, la discriminación y otras formas de acoso o de ataques de carácter físico o verbal, así como de la incapacidad o falta de voluntad por parte de los encargados del orden público ante esta situación. Tales violaciones todavía no han sido adecuadamente tratadas por el sistema judicial armenio, que no goza de la confianza pública y que el gobierno se esfuerza en reformar (con este objetivo, entre otros, estaba previsto que se celebrara un referéndum constitucional a comienzos de abril, aplazado a causa de la pandemia de la covid-19).
El gobierno no tiene una agenda clara, y el diálogo con la sociedad civil es poco sistemático y se basa principalmente en las conexiones personales
¿Y ahora qué? La institucionalización es una de las necesidades más apremiantes tanto para el gobierno como para la sociedad civil: ¿cómo puede el gobierno fortalecer los mecanismos para implicar a los ciudadanos, proteger sus derechos y salvaguardar el espacio de la sociedad civil? Y, paralelamente, ¿cómo puede la sociedad civil fortalecer su posición supervisora y aumentar el compromiso cívico? Es el reto de fomentar una comunicación efectiva tanto por parte del gobierno como entre este y la sociedad civil.
La reforma constitucional es uno de los principales objetivos del gobierno, junto a la reforma del Tribunal Constitucional, y la puesta en marcha de los juicios por diversos casos de corrupción de gran repercusión mediática, incluido el del expresidente. La sociedad civil está impulsando diversas reformas fundamentales, incluida la de los medios de comunicación, que tendrían que contribuir a la lucha contra la desinformación. La justicia social fue la fuerza motriz de la revolución, y hay una fuerte demanda en pro de la reforma de la educación, aunque la adopción de una legislación al respecto está parada. La Asamblea Nacional Armenia también eludió ratificar la Convención de Estambul para el fomento de la protección de las mujeres frente a la violencia, mientras que el debate sobre una ley contra la discriminación se demora.
De todos modos, si bien la situación dista mucho de ser sencilla, el rumbo general sigue siendo positivo. La sociedad civil se mantiene como gran fuerza impulsora y exige y presiona a favor del cambio. En la región están surgiendo varios grupos de activistas dirigidos por líderes jóvenes que se involucran en las decisiones políticas locales de una forma que no ha existido nunca en el pasado, mediante festivales, creación de grupos de estudiantes, campañas sobre problemas culturales o medioambientales, y mucho más. De este modo, desafían el modelo centralizado de Armenia, ponen de manifiesto la diversidad cultural, étnica y social del país, y contribuyen al proceso de descentralización que enlaza con la necesidad de justicia social y, de un modo más profundo, con una democracia duradera.