María Victoria Llorente
Directora ejecutiva, Fundación Ideas para la Paz
Un año después de la firma de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el escepticismo ronda de manera pertinaz todo el proceso. Más de la mitad de los colombianos consideran que la implementación va por mal camino; otro tanto cree que las víctimas no serán resarcidas, que no cesará la violencia política, que las FARC no cumplirán, que no mejorará la seguridad, que no se superará el problema del narcotráfico y que no se distribuirá mejor la riqueza en el campo colombiano. En fin, la mayoría cree que este acuerdo no traerá la tan anhelada paz.
La polarización política ha impedido un debate constructivo sobre las oportunidades del Acuerdo de Paz
Esta percepción ha sido alimentada por la cruenta batalla política entre el gobierno y la oposición, de la que ha sido rehén el proceso de paz desde sus inicios y que se ha acrecentado por la próxima elección presidencial (cuya primera vuelta será en mayo de 2018). La polarización política ha impedido un debate sereno y constructivo sobre los desafíos y oportunidades que representa el Acuerdo de Paz para modernizar el país.
La cercanía de la campaña electoral también ha afectado los apoyos políticos del gobierno en el Congreso, golpeando aspectos fundamentales del Acuerdo como la reforma al sistema político, descartada, y las normas para resolver el la desidia histórica en regular la tenencia y el uso de la tierra, que fueron postergadas. Del mismo modo, casi sucumbe la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los pivotes del Acuerdo en materia de justicia para la transición, cuya autonomía y capacidad fueron rebajadas como tribunal de cierre de los hechos sucedidos con ocasión del conflicto armado.
El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, en EEUU, que desarrolla una Matriz de Acuerdos de Paz con datos sobre más de 30 acuerdos firmados en el mundo desde 1989, sostiene que la implementación de un acuerdo de paz es un proceso complejo “que no suele responder al ritmo de las expectativas generadas, ni en la ciudadanía, ni en las mismas partes firmantes del acuerdo”. Esta observación es aún más pertinente para el caso colombiano, que cuenta con un horizonte de ejecución de diez a quince años y que por tanto tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo.
El Kroc fue designado por el gobierno colombiano y las FARC para hacer seguimiento y análisis sobre la implementación de los acuerdos. Durante los primeros nueve meses hubo avances sustantivos en una cuarta parte de las disposiciones, la mayoría, prioridades de corto y medio plazo. Se destacan logros como la desmovilización y dejación de armas, la creación de múltiples mecanismos (los de monitoreo, seguimiento y verificación, los del sistema de justicia, verdad y reparación, los de garantías de seguridad) y la expedición de cientos de normas indispensables para poner en marcha muchas de las iniciativas, planes e instituciones previstas en el Acuerdo Final.
El Instituto alerta sobre asuntos que deben tener un ritmo más acelerado de implementación, como las medidas para garantizar la reincorporación económica y social, y la seguridad de excombatientes y actores sociales claves. El avance precario en estas materias pone en riesgo el desarme, sobre todo en zonas del país donde hay un déficit de control por parte del Estado y, en cambio, abundan grupos armados ilegales vinculados al crimen.
La mayoría de los objetivos a largo plazo coinciden con las grandes agendas pendientes de Colombia. Es bien conocido que hay que sacar al campo del atraso vergonzoso en que se encuentra e integrar vastos territorios del país en la legalidad. También se debe reformar el sistema político clientelista si queremos enfrentar la corrupción, principal preocupación actual de los colombianos. Está además el problema del narco, que requiere una estrategia de sustitución de cultivos ilícitos sostenible y a gran escala que vaya más allá de la inmediatez de arrancar matas de coca. Y finalmente está pendiente la reconciliación. Llegó la hora de decirnos la verdad, de sincerarnos, de que cada cual reconozca su responsabilidad en la sociedad y dejar de pensar que el conflicto armado fue un asunto de unos malos contra unos buenos.
Estas agendas y la implementación del Acuerdo de Paz no pueden quedar atrapadas en la coyuntura de una campaña política. En unos meses elegiremos un nuevo presidente y el país tendrá que seguir adelante. Estabilizar a Colombia y consolidar la paz son objetivos que requieren de políticas públicas y recursos a corto, mediano y largo plazo. Cumplir el Acuerdo es cumplir con el país.
