Alfonso González Bondia
Profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili
Conviene recordar de inicio que las aspiraciones independentistas no suelen contar con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional, incluso cuando están legitimadas por situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos o por el derecho a la autodeterminación. Es más, los gobiernos acostumbran a no significarse en exceso, evitando compromisos públicos que pudiesen condicionar su comportamiento futuro o que pudieran considerarse una vulneración al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Por ello, en los casos en que se posicionan suele ser únicamente de apoyo a la integridad territorial de los estados.
Durante el 2015, el proceso catalán ha seguido sumido en una partida estratégica entre independentistas y unionistas para convencer a la ciudadanía que todavía no se había decidido por una de estas dos opciones. En este contexto, la eventual aceptación o el rechazo del nuevo Estado por parte de la comunidad internacional ha sido uno de los argumentos más utilizados en el debate interno sobre los pros y contras de la independencia. Por ello, los gobiernos español y catalán han intentado involucrar en el debate a la comunidad internacional. Así, el gobierno español consiguió antes de las elecciones catalanas del 27-S que Merkel, Cameron y Obama realizasen declaraciones publicas alineándose con algunas partes de su discurso oficial, como la necesidad de preservar la unidad del estado o la obligación de respetar el imperio de la ley por parte de los independentistas. Para contrarrestarlas, el gobierno catalán siguió con su estrategia de informar discretamente a los mandatarios internacionales y buscó además la complicidad de los parlamentarios de otros estados a favor de la búsqueda de una solución acordada en la línea del respeto y promoción del principio democrático. Su éxito más claro fue la resolución aprobada por el parlamento danés en la que se afirmaba que la cuestión de la independencia de Cataluña es un asunto para el diálogo pacífico y democrático entre Cataluña y el gobierno español de Madrid.
Los gobiernos español y catalán han intentado involucrar en el debate a la comunidad internacional
Esta misma partida se ha jugado también en el tablero de las instituciones de la Unión Europea, con la participación activa de diversos agentes no gubernamentales, como por ejemplo los europarlamentarios, que han seguido preguntando a la Comisión Europea, o como Sociedad Civil Catalana, que busca complicidades contra la independencia en visitas al Parlamento Europeo o abriendo una antena en Bruselas, a la que posteriormente se sumaría otra en Washington. A pesar de esta presión, la Comisión Europea no se ha apartado de su tradicional posición al respecto, aunque pocos días antes de las elecciones catalanas se produjo un extraño episodio con la publicación de una respuesta manipulada a favor de las tesis del gobierno español en contestación a una pregunta formulada por el eurodiputado Santiago Fisas (PP). Todo ello acabó con la rectificación del texto por parte de la Comisión y el inicio de una investigación interna para aclarar los hechos.
De manera paralela se ha intensificado la apuesta por la diplomacia pública en la internacionalización del proceso catalán, buscando el apoyo de los creadores de opinión pública. Así por ejemplo, el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya ha organizado hasta quince debates en otras tantas ciudades europeas y americanas, la mayoría coorganizadas con think tanks o universidades extranjeras, para promover el conocimiento del proceso catalán.
Así pues, como suele ocurrir en los procesos de este tipo cuando no comportan un conflicto armado, la cuestión catalana sigue siendo considerada un asunto interno del estado español; aunque, eso sí, con una creciente atención por parte de la comunidad internacional, fruto del esfuerzo de los actores políticos implicados en dar a conocer sus pretensiones y buscar complicidades.
