Jeremy Sarkin
Abogado en Sudáfrica y en Nueva York; profesor de Derecho en la Universidad de Sudáfrica, y profesor visitante de Derecho y miembro del CEDIS
2016 fue un año crucial para el Tribunal Penal Internacional (TPI). Fue el año en que los países africanos empezaron a retirarse de esa corte en detrimento de la justicia internacional. Tres países africanos (Sudáfrica, Gambia y Burundi) pusieron en marcha el proceso para abandonar el Tribunal, y se cree que otros (entre ellos Uganda, Namibia y Kenya) se están moviendo en esta dirección. Esto es la culminación de un proceso de confrontación entre el Tribunal y los países africanos que empezó formalmente en 2009 cuando la Unión Africana (UA) empezó a promover que los países africanos no cooperasen con el Tribunal.
El papel del TPI en el continente africano se ha vuelto muy polémico
Esa estrategia respondió a que el papel del TPI en el continente africano se ha vuelto muy polémico, y acumula partidarios y detractores. Sin embargo, esta división entre los estados africanos no se dio cuando se creó el Tribunal. En aquel momento, muchos de esos países apoyaron con entusiasmo al TPI y en el Plan Estratégico de la UA para el período 2004-2007 uno de los cinco compromisos adoptados fue el de garantizar que todos los países ratificasen el Estatuto de Roma. El sentimiento anti-TPI en la UA ha ido en aumento, y se inició con la acusación del Tribunal contra el presidente del Sudán, y con la causa contra el presidente y el vicepresidente de Kenya. El enfrentamiento entre los países africanos y el TPI llegó a un punto crítico cuando el presidente al-Bashir de Sudán fue a Sudáfrica para asistir a la cumbre de la UA en 2015. Esto puso a prueba la determinación del país de colaborar con la justicia penal internacional: le detuvo, como era su obligación como miembro del Tribunal, pero también endureció la postura de la UA respecto al TPI.
Algunos de los que critican al Tribunal y el papel que desempeña lo hacen, al menos en parte, porque no creen en la justicia internacional. Creen que ese concepto en este contexto es inapropiada. Otros creen que son los estados los que han de tener discrecionalidad para decidir si han de acusar a alguien y cuándo hacerlo. Además, el hecho de que el TPI solo tenga causas africanas sobre la mesa proporciona munición a los que se oponen a su existencia. Para algunos, el hecho de que solamente hayan sido encausados estados africanos es un indicio de su falta de imparcialidad. Mahmood Mamdani ha argumentado que, a pesar de su nombre, el TPI se está convirtiendo rápidamente en un tribunal occidental que pretende juzgar (solo) crímenes africanos contra la humanidad. Como ha dicho Nicole Fritz, “la retórica de la repulsa según la cual el TPI es un instrumento del neocolonialismo o del neoimperialismo, es decir, un instrumento antiafricano, puede dañar a la institución hasta el punto de que sea finalmente abandonada.” Aunque la UA sostiene que el proceso de dar competencia penal internacional al Tribunal Africano implica un compromiso con la responsabilidad, el hecho de que el Protocolo excluya el procesamiento de jefes de Estado niega en la práctica este compromiso. África ha fomentado una vez más la impunidad y ha menoscabado la posibilidad de mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos, y el Tribunal está en una encrucijada; necesita encontrar formas de mejorar su papel y su reputación. Si no lo hace, lo abandonarán más países, sus víctimas sufrirán incluso más, y la impunidad será un problema aún mayor en el continente de lo que lo es actualmente.