
Moussa Bourekba
Investigador, CIDOB
Según el último informe del Grupo Soufan (diciembre de 2015), desde 2011 más de 30.000 combatientes extranjeros se han unido a las filas de la organización Estado Islámico (EI) en Irak y Siria. A partir de 2014, EI cambió de estrategia y más que centrarse en la consolidación de su proto-estado, ha buscado desestabilizar a sus enemigos en su propio territorio. Con más de 5.000 combatientes extranjeros europeos en las zonas de combate, algunos de los cuales ya han regresado y otros que es muy probable que lo hagan, la amenaza planteada por Estado Islámico y otros grupos violentos no tiene precedentes.
Reaccionando ante este fenómeno, los gobiernos europeos han incrementado sus esfuerzos en la lucha contra el extremismo violento. De todos modos, la aproximación europea al extremismo violento se basa principalmente en endurecer las medidas represivas y la legislación de seguridad en materia contraterrorista; también contempla la prohibición de las organizaciones islámicas sospechosas de cooperación con los grupos terroristas, o la limitación de la libertad de viajar y en la confiscación de pasaportes. En Francia, tras los ataques de París en noviembre de 2015 esta tendencia se ha intensificado aún más con la proclamación del estado de emergencia, mientras que en el resto de Europa, las desproporcionadas medidas de emergencia (redadas policiales) dejan traumatizadas a centenares de personas. Asistimos también al diseño de leyes de vigilancia masiva o a la posible retirada de la ciudadanía a las personas con doble nacionalidad.
Si bien este enfoque securitario puede haber dados frutos en el corto plazo para la prevención y en la disuasión de la amenaza terrorista, logrando monitorizar la red e impedir el retorno de los combatientes extranjeros a sus países de origen, dicha estrategia presenta, a la larga, también muchos riesgos. Por un lado, crea un clima de sospecha y estigmatización de personas o colectivos, además de sentar precedente de que en caso de una amenaza a la seguridad, las fuerzas policiales y gubernamentales puedan emplear medidas que contradicen los derechos humanos y las libertades civiles. A la larga, la combinación de estos factores puede hacer más profunda la sensación de marginación y victimización que alimenta el extremismo violento. Si nos limitamos tan solo a un enfoque securitario, obviamos otras causas que incitan el extremismo violento que deberíamos tener en cuenta en una perspectiva a largo plazo, como son el desempleo, la exclusión social y política, o la discriminación y la sensación de injusticia.
El enfoque meramente securitario tiende a considerar a los combatientes extranjeros retornados como extremistas perpetuos e ignora, por el contrario a un número enorme de víctimas, desilusionadas y manipuladas por la propaganda de Estado Islámico, que podrían jugar un papel clave para deslegitimar la propaganda de los grupos terroristas, y no solamente ser vistas como fuentes de información útiles para los servicios de inteligencia.
”El atractivo de Estado Islámico se base en una propaganda que pone énfasis en el sentido de pertenencia, en la búsqueda de aventura, en las recompensas económicas, en la defensa de una causa (la justicia social) y un proyecto (el Califato), y en un elevado sentimiento de comunidad, que no sólo no se desmiente, sino que se alimenta con la actual ”estrategia de choque” que impera en Europa"
Como es sabido, el atractivo de Estado Islámico se base en una propaganda que pone énfasis en el sentido de pertenencia, en la búsqueda de aventura, en las recompensas económicas, en la defensa de una causa (la justicia social) y un proyecto (el Califato), y en un elevado sentimiento de comunidad, no sólo no se desmiente, sino que se alimenta con la actual “estrategia de choque” que impera en Europa. Es por ello preciso monitorizar y analizar las claves de seducción de su propaganda –que va mucho más allá de las comunidades de inmigrantes y/o de los musulmanes–, para construir un contra-relato eficaz.
A este respecto, algunas iniciativas basadas en los enfoques multi-agencia y multi-nivel empiezan a florecer en los países europeos: con la implicación de una serie de actores no estatales –desde maestros hasta autoridades locales, incluidos los miembros de la comunidad– estos programas se centran a nivel local en los individuos en situación de riesgo, con una prioridad diferente: no criminalizar sistemáticamente a los potenciales combatientes extranjeros o retornados, sino trabajar en su reintegración en la sociedad mediante contra-relatos ideológicos, asistiendo a sus necesidades (empleo, vivienda, educación), y acompañándolos de asistencia psicológica y un trato más individualizado, lo que puede contribuir a definir mejor los factores y los mensajes que alimentan su radicalización.
Esto puede generar un mejor equilibrio entre las estrategias a corto plazo de corte “duro” y a menudo alienantes, y las estrategias a largo plazo (que por contraposición podemos llamar “blandas”) y que están basadas en visiones más integrales y comprensivas.