Munizae Jahangir
MUNIZAE JAHANGIR,
Periodista de radio y televisión, cineasta
El poderoso ejército pakistaní está utilizando la ley sobre la sedición para aplastar a la disidencia. En febrero, las fuerzas de orden público detuvieron a un periodista (Rizwan Razi), a un profesor (Amaar Jaan) y a un estudiante (Rawal Asad) y acusaron a dos de ellos de sedición. Las detenciones se produjeron tras meses de intimidación y amenazas de muerte. Durante la investigación fueron acusados de apoyar al Movimiento Pashtún Tahafuz (MPT), una formación pashtún del cinturón tribal pakistaní devastado por la guerra que se está volviendo rápidamente muy popular entre la juventud pakistaní. El año pasado el grupo consiguió hacerse con dos escaños en la Asamblea Nacional del Pakistán. Exigen respeto a sus derechos fundamentales, que hasta ahora les han sido negados, y el fin de las desapariciones forzadas y las detenciones de personas por parte de varias agencias, en las que los detenidos no son presentados ante los tribunales o a las comisarías de policía. Algunos de los desaparecidos reaparecen, pero sin explicar qué les ha pasado. Otros siguen desaparecidos y es posible que nunca se vuelva a tener noticia de ellos. Según la Comisión de Derechos Humanos del Pakistán más de 10.000 personas han desaparecido en el país desde 2001. Algunos de ellos eran activistas baluchíes de la provincia occidental menos desarrollada del país, Beluchistán, que exigían la parte de recursos y de libertades políticas que les corresponde.
El citado Rizwan Razi se queja de haber recibido amenazas de los servicios de inteligencia del país cada vez que escribía un reportaje que denunciaba los intereses políticos y financieros de los militares. Rawal Asad fue detenido junto con más de veinte activistas y todos ellos fueron acusados de sedición por haber participado en una manifestación del Movimiento Pashtún Tahafuz que protestaba por el asesinato de su líder Arman Luni. Luni era un profesor universitario, torturado hasta la muerte por un oficial de policía en Beluchistán.
Amaar Jan, Rizwan Razi y Rawal Asad no se conocen entre ellos; lo único que tienen en común, aparte de apoyar al MPT, es haber criticado el omnipresente papel de los militares en la política. Apoyan al Movimiento Pashtún Tahafuz y exigen el fin de las desapariciones. Aunque los militares reconocen que a la etnia pashtún se le han negado sus derechos, se muestran recelosos y se sienten amenazados por el auge del MPT.
Pakistán tiene una larga historia del uso de la acusación de sedición para combatir a los activistas políticos y sociales. La definición de sedición es poco clara: “[es sedicioso] cualquiera que, de palabra o por escrito, por señas o de cualquier otro modo, genere o intente generar odio o desprecio, o provoque o intente provocar desafección hacia el Gobierno provincial o federal establecido por ley”. La pena por sedición va de los tres años de cárcel a la cadena perpetua. La ambigua definición del delito permite a los militares usarlo profusamente, y dado que es una pena muy dura, silencian con ello a muchos activistas atemorizados.
Los activistas pro-derechos humanos advierten que silenciar la disidencia con la amenaza de la sedición es una manifestación del carácter opresor del Estado
El año 2015 el gobierno pakistaní acusó de sedición a más de cincuenta activistas por pedir la autonomía de Gilgit Baltistán, una región montañosa de vital importancia para la alianza de Pakistán con China. Desde entonces, la policía ha incoado cientos de casos contra trabajadores del MPT por terrorismo, sedición y otros delitos, para impedirles organizar manifestaciones antes de las elecciones del año pasado. Curiosamente, dos primeros ministros del PMLN, el partido gobernante cuando los activistas de Gilgit Baltistán fueron acusados de sedición, tienen que hacer frente ahora a las mismas imputaciones: en tres ocasiones el primer ministro Nawaz Sharif y el primer ministro designado por este, Shahid Khaqan Abbassi, han recibido requerimientos por sedición por parte del Tribunal Supremo de Lahore. Nawaz Sharif hizo una declaración polémica cuando estaba en el gobierno, bregando por el poder con los militares, admitiendo la actividad de las organizaciones militantes y cuestionando si se les debía permitir cruzar la frontera con India y matar a 150 personas en Mumbái —en referencia a los atentados de 2008. Mientras, Shahid Khaqan era acusado de sedición por revelar a su jefe el contenido de un consejo de seguridad nacional con los altos mandos militares; el caso sigue abierto. Los activistas pro-derechos humanos advierten que la tendencia a silenciar la disidencia con la amenaza de la sedición no es solo un ataque a la libertad de expresión y asociación, sino también una manifestación del carácter opresor del Estado.
