Sergio Maydeu
Investigador asociado, CIDOB
El año 2019 fue de agitación en varios países de América Latina y el Caribe (ALC). Mientras que en el sur las tensiones sociales y políticas despuntaron en Ecuador, Chile o Bolivia, Centroamérica logró esquivar la efervescencia de las calles.
Los datos muestran como Centroamérica, y muy especialmente el Triángulo Norte (TN) –junto a la siempre invisibilizada Belice– mantiene una de las tasas más elevadas de homicidios de América Latina y el Caribe, y del mundo. Las cifras del 2019 fueron muy preocupantes, con Venezuela, Honduras, Jamaica, El Salvador, Brasil, Colombia, Belice y Trinidad y Tobago, Guatemala, junto con México. En el caso del Triángulo Norte, la reiteración cíclica de políticas públicas de seguridad fallidas han dejado agotada a la ciudadanía que, con especial incidencia en el 2019, en lugar de protestar optó por abandonar el país para labrarse un futuro mejor.
La cifra de migrantes centroamericanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha sido la más alta de los últimos años, algo que se explica por una nueva ola migratoria que ha llevado al presidente Trump a forzar acuerdos con los gobiernos del Triángulo Norte y México para dificultar –cuando no impedir físicamente, la salida de miles de centroamericanos de sus países de origen. Las caravanas de migrantes centroamericanos han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de resolver una crisis humanitaria que durante dos décadas ha sacudido la región. Solo en el año fiscal 2019 fueron detenidas casi 1 millón de personas en la frontera sur de Estados Unidos. Centroamérica es hoy, junto a Venezuela y Colombia, el escenario de la mayor crisis de desplazados en América Latina.
Frente al desaliento, la esperanza. Los homicidios de los últimos años en la región van en descenso, algo que se explica en el 2019 por la mejora de la situación en El Salvador. La nueva presidencia de Bukele, iniciada en el mes de junio de ese año, ha traído consigo una reducción drástica del número de homicidios en el país hasta niveles nunca vistos en dos décadas. Aun así, las cifras de criminalidad y violencia siguen lejos de ser asumibles para cualquier sociedad.
Además, su gobierno no está exento de polémicas, con frecuentes choques con el poder legislativo y el judicial. Su perfil populista y fuera de la lógica bipartidista que ha marcado la política salvadoreña desde la vuelta de la democracia, ha elevado la tensión política y social. Dicho ejecutivo prometió reducir los niveles de inseguridad en el país, y está cumpliendo, al menos con el registro de los homicidios. Pero sus políticas de seguridad no difieren en exceso de las realizadas por gobiernos anteriores. Las maras, el principal grupo criminal en el país, han decidido no matar. La incógnita está en el porqué. Mientras El Salvador cree encontrar la salida del túnel, sus países vecinos mantienen niveles de homicidio estables con una ligera tendencia a la baja. Pero los homicidios no son el único vector de inseguridad en la región. Queda mucho camino por recorrer, por ejemplo, en las extorsiones.
Los elevados niveles de inseguridad y violencia en toda ALC, y en particular, el Triángulo Norte, tienen un alto coste, no solo a nivel humano sino también económico
Sabemos que los elevados niveles de inseguridad y violencia en toda ALC, y en particular, el Triángulo Norte, tienen un alto coste, no sólo a nivel humano sino también económico. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, el coste de la violencia se eleva al 3,5% del PIB anual de media del conjunto de ALC en los últimos años. Esta cifra es más acusada en el TN. Pérdida de capital social, fuga de capitales, pérdida de confianza en la propia democracia, inversión empresarial en seguridad, desplazamientos forzados, políticas públicas condicionadas, etc. La inseguridad en todo Centroamérica, también en América Latina, sigue siendo un desafío para su desarrollo.
Y en este escenario llega la crisis de la covid-19, que acarrea consigo, como en muchas partes del mundo, incertidumbre ante lo desconocido. Las maras ya han mostrado su determinación durante la gestión de la pandemia; ellas también han forzado a la población a confinarse. Son organizaciones territoriales, y en sus territorios mandan ellos. Sobrevivir en tiempos de crisis social y económica en territorios donde sus víctimas también tienen que sobrevivir, y un Estado que debe responder a una crisis nacional sin precedentes. Difícil cóctel. Quién sabe si en el período post-covid, veremos proliferar en el Triángulo Norte aquellas tensiones sociales, en forma de protestas ciudadanas contra el gobierno que la región logró esquivar en el 2019.
