Juliana Kerr
Directora, Global Cities, Chicago Council on Global Affairs
El debate sobre las ciudades santuario en Estados Unidos ha sido un ejemplo definitorio de la creciente influencia y poder de las ciudades globales a la hora de configurar políticas de importancia nacional y global. La ordenanza local está en vigor desde 1985, y sin embargo hoy es una de las cuestiones que más dividen al país. Es tan celebrada por la izquierda como denigrada por la derecha. El debate ha provocado disputas legales, medidas deportadoras enérgicas y la profunda preocupación de que ninguno de los dos bandos entiende realmente su significado. Centenares de ciudades, condados y estados de Estados Unidos han aprobado o reafirmado recientemente alguna versión de una ordenanza de ciudad santuario. Si bien no hay una definición uniforme del término, generalmente significa que las autoridades locales no gastarán sus recursos y fondos para hacer cumplir las leyes nacionales sobre inmigración deteniendo a inmigrantes indocumentados basándose exclusivamente en el estatus de la inmigración. Algunas circunscripciones han ampliado su compromiso con los derechos de los inmigrantes indocumentados ofreciéndoles apoyo legal gratuito, acceso a becas de educación superior, carnés de conducir y documentos de identidad, y también cerrando centros de detención.
Según el Pew Research Center, más del 60% de los inmigrantes indocumentados del país viven en solo veinte grandes áreas metropolitanas. Los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, constituyen el tejido de estas regiones cosmopolitas. Los líderes urbanos, por consiguiente, son firmes defensores de delimitar la responsabilidad de hacer cumplir a las autoridades locales las leyes de inmigración, que dependen a nivel nacional del Departamento de Seguridad Nacional. Y tienen muchas razones para hacerlo. Hacer cumplir las leyes de inmigración puede acabar con la confianza en aquellas comunidades en las que los funcionarios policiales recurren a los residentes para que les aporten información sobre los delitos que se cometen en ellas. Las áreas locales están comprometidas con la seguridad frente a los delitos graves —robos, homicidios, violencia doméstica, drogas— y tienen unos recursos limitados para hacerse cargo también de hacer cumplir las leyes de inmigración. Los inmigrantes pueden estar en situación irregular por varios motivos, y las autoridades locales no siempre tienen acceso a los registros de todos los historiales. Cabe destacar que en Estados Unidos la falta de documentación es un delito civil, no un delito penal, y que el responsable de velar por el cumplimiento de las normas civiles es el gobierno nacional.
Bajo la Administración Trump, el debate sobre las ciudades santuario está en el punto de mira. Los contrarios a las políticas santuario sostienen que la falta de cooperación local está debilitando el principio de legalidad, favoreciendo en cierto modo a los migrantes que eluden los procedimientos legales, y expresando un posiciona-miento político. El debate ha provocado la presentación de demandas legales contra el Departamento de Justicia por amenazar con retirar fondos federales a las ciudades santuario. Pero los tribunales han reafirmado los derechos de las jurisdicciones locales, alegando que la constitución estadounidense afirma que el gobierno nacional no puede “usurpar” las funciones de los gobiernos locales para hacer su trabajo.
Las ciudades santuario de EEUU han establecido un nuevo estándar en la gestión de la migración global
Por su parte, los dirigentes municipales se muestran cada vez más preocupados por el hecho de que los inmigrantes puedan malinterpretar las políticas santuario; los inmigrantes indocumentados siguen siendo arrestados por la policía local si cometen algún delito, y los funcionarios de inmigración y de aduanas pueden actuar y detener a inmigrantes en las jurisdicciones santuario. Muchos municipios suburbanos en una región metropolitana podrían no respaldar las políticas santuario. De hecho, muchos estados han aprobado leyes prohibiendo a las ciudades aprobar ordenanzas al respecto, y muchas ciudades del país han optado por cooperar y hacer cumplir las leyes de inmigración mediante contratos con el gobierno nacional en virtud del Programa 287(g).
Las ciudades santuario de Estados Unidos han establecido ciertamente un nuevo estándar sobre el modo en que las jurisdicciones locales pueden responder a los retos de la migración global. Y ciudades de todo el mundo las observan atentamente. Están adoptando las mismas interpretaciones en el seno de sus propios sistemas para hacer avanzar el liderazgo local, y quién sabe si con ello, están cambiando el curso de la historia.
