Rodrigo Uprimny
Investigador del centro de estudios “Dejusticia” y profesor de la Universidad Nacional de Colombia
El proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia ha buscado no solo poner fin a un conflicto armado largo y con altos niveles de victimización, sino además lograr una paz con justicia para las víctimas.
Este ambicioso propósito llevó a adoptar un complejo y sofisticado mecanismo de Justicia Transicional (JT), que tiene 7 innovaciones significativas: 1) espacios para que las víctimas expresaran su visión durante las negociaciones; 2) una visión holística de la JT pues esta no se redujo a la justicia penal, sino que incluyó mecanismos para satisfacer también el derecho a la verdad (una comisión de la verdad) y a la reparación de las víctimas; 3) reconocimiento de los orígenes sociopolíticos del conflicto colombiano, para lo cual se adoptó una amplia amnistía para los llamados delitos políticos y conexos, como la rebelión o las muertes ocasionadas en combate; 4) pero, por razones de justicia, exclusión de la amnistía para los crímenes atroces: los crímenes de guerra y de lesa humanidad; 5) los responsables de esas atrocidades deberán rendir cuentas ante la llamada “jurisdicción especial de paz”, que es singular, pues no forma parte del sistema judicial colombiano ordinario pero tampoco es un tribunal internacional o mixto; es una jurisdicción especializada, que hará parte de la institucionalidad colombiana pero que nace del propio acuerdo de paz, con lo cual las FARC-EP no sienten que se rindieron ante la justicia del enemigo y el Estado colombiano evita un tribunal internacional; 6) el sistema de JT será integral pues conocerá no solo de los crímenes de las FARC-EP sino de todos los actores del conflicto: agentes estatales, paramilitares e incluso particulares cómplices; y 7) se crea un sistema de sanciones original, que combina componentes restaurativos y otros retributivos, según el grado de contribución a la verdad y a la paz: quienes aporten inmediatamente verdad total y fidedigna, no irán a la cárcel pero tendrán una restricción de la libertad de 5 a 8 años, en donde deberán hacer labores restaurativas a favor de la paz y las víctimas; quienes hagan ese aporte a la verdad pero tarde, irán a la cárcel pero por 5 a 8 años, un tiempo menor que las penas ordinarias; y quienes no aporten verdad y sean sentenciados, recibirán penas de cárcel más severas, de hasta 20 años.
El diseño de la justicia transicional en el acuerdo de paz es prometedor para lograr una paz con justicia; pero su implementación afronta enormes desafíos
Este diseño de la JT en el acuerdo de paz es prometedor para lograr una paz con justicia; pero su implementación afronta enormes desafíos.
Algunos son jurídicos pues algunas medidas han sido objeto de críticas. En particular, la regulación de la responsabilidad de los mandos militares por crímenes de sus subalternos ha sido criticada por grupos de derechos humanos por no ajustarse a los estándares internacionales. Otros desafíos son más operativos: no está claro que el Estado colombiano, que es bueno para diseñar políticas pero débil para implementarlas, logre que los distintos componentes de la JT marchen y que lo hagan armoniosamente.
Pero tal vez los obstáculos mayores son políticos y afectan no solo a la implementación del componente de JT del acuerdo de paz, sino a la totalidad del acuerdo. Y son al menos dos: en primer lugar, la persistencia de actores armados ilegales, vinculados a economías criminales, como el narcotráfico, que están copando los territorios antes ocupados por las FARC-EP y que están ejerciendo violencia contra líderes sociales. Y en segundo lugar, el déficit de apoyo democrático al acuerdo y la polarización social y política sobre la paz, que se puso en evidencia en el plebiscito de octubre de 2016, en el que el 50,2% de los votantes expresó su rechazo al acuerdo de paz, y tuvo que ser ajustado para incorporar las principales objeciones de quienes votaron ”No”. Como el nuevo acuerdo no fue sometido a un nuevo plebiscito sino aprobado por el Congreso, importantes sectores cuestionan su legitimidad. Es pues necesario que el Estado controle los otros actores armados ilegales y reflexione sobre una implementación de la paz que sea lo más participativa e inclusiva posibles, para reducir la polarización y fortalecer la legitimidad democrática del acuerdo. Pero ninguna de esas tareas es fácil.
