Julio Ortiz-Luquis
Profesor asistente adjunto en el Brooklyn College y Borough of Manhattan College (City University de Nueva York)
La relación entre Puerto Rico y EEUU tiene 118 años, y en 2017 se cumplirán 100 de la extensión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, mediante la Ley Jones-Shafroth. El caso colonial de Puerto Rico es el más antiguo en la región latinoamericana y caribeña, y en el sistema internacional. Incluso, de la resolución del emblemático caso se vincula en gran medida la posibilidad de una comunidad internacional axiológica y normativa. Aunque es uno de los casos históricos del derecho internacional por las resoluciones 748 (VIII) de 1952 y 1.514 (XV) de la Asamblea General de las NNUU, EEUU ha defendido históricamente que el tema es doméstico, por ser Puerto Rico un territorio no incorporado dentro de la Cláusula de Territorios de su Constitución. Como veremos, se trata de una relación colonial de legalidad dúctil que se ha definido y negociado en Washington según sus intereses y la correlación de fuerzas políticas del momento en San Juan y en Washington.
La confusión respecto a los límites del autogobierno en el llamado Estado Libre Asociado surge de la Resolución 748 (VIII), liderada por EEUU y que sacó a Puerto Rico de la lista de colonias. La resolución habla de un “estatus internacional y constitucional alcanzado entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los EEUU de América” e indica que “mediante el pacto acordado entre los EEUU y el pueblo de Puerto Rico se le ha investido de soberanía política que claramente identifica el estatus de gobierno propio alcanzado por Puerto Rico como entidad política autónoma”.
El último episodio de esta relación territorial sucedió el 13 de enero de 2016. La Corte Suprema de EEUU celebró una vista para escuchar las opiniones de las partes interesadas en el caso Estado Libre Asociado de Puerto Rico vs. Sánchez-Valle respecto al tipo de soberanía que tiene Puerto Rico para acusar a personas ya enjuiciadas a nivel federal, la llamada “doble exposición”. La opinión de la Corte Suprema sobre el caso Sánchez-Valle concluyó que Puerto Rico nunca ha poseído una soberanía originaria como para encausar personas ya acusadas a nivel federal. Ese mismo día el Congreso aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico, que impuso una junta de supervisión y control fiscal compuesta por miembros nombrados por el presidente de EEUU y que tomará decisiones que tendrán primacía por encima de cualquier decisión del ejecutivo y los cuerpos legislativos puertorriqueños. La deuda de Puerto Rico asciende a 73.000 millones de dólares y, al igual que Argentina y Grecia, su gobierno ha estado bajo la presión de fondos buitres para forzarlo a pagar la totalidad de la deuda.
Así, la quiebra política y financiera del modelo ha devuelto el tema de Puerto Rico a las agendas de instituciones regionales e internacionales, ante la falta de interés de EEUU de encausar la restauración económica de Puerto Rico y garantizar un proceso de libre determinación. En 2014 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ordenó a su troika+1 ejecutar esfuerzos para adelantar las decisiones del Comité de Descolonización después de 34 resoluciones que aplican la Resolución 1.514 (XV). En el Comité de Descolonización de NNUU se estableció un grupo de trabajo al que se sumaron al cabo de unas semanas Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, San Vicente y las Granadinas, Indonesia y Tanzania para fomentar el diálogo político entre EEUU y Puerto Rico. El 21 de octubre pasado la Cuarta Comisión de Políticas Especiales y Descolonización la Unión de Naciones Sudamericanas se expresó a favor de la descolonización de Puerto Rico.
El caso de Puerto Rico ha retomado su protagonismo político en el multilateralismo interamericano, latinoamericano y caribeño y en el marco de las NNUU
De modo que el caso de Puerto Rico ha retomado su protagonismo político en el multilateralismo interamericano, latinoamericano y caribeño y en el marco de las NNUU por su crisis humanitaria y colonial actual. Corresponde a las fuerzas sociales puertorriqueñas, las élites políticas y el sistema multilateral encauzar los emergentes consensos políticos amplios en gestación para trascender el anquilosado régimen de relaciones coloniales.