Francesco Pasetti
Investigador, CIDOB
El 29 de enero del 2020 la Comisión Europea anunciaba la redacción de un nuevo pacto sobre migración y asilo. Aún no se conocen las medidas que contendrá, pero no se presume que haga borrón y cuenta nueva hacia un modelo migratorio más humano, eficaz y respetuoso con los derechos humanos, tal y como ya ha sido presentado. Observando la acción llevada a cabo por la Unión Europea en los últimos años, resulta difícil confiar en ello.
La prioridad en la agenda migratoria europea de los últimos años es muy evidente: la seguridad. También queda claro el “objeto” de dicha prioridad. La violencia que se está ejerciendo en estos momentos (marzo del 2020) en la frontera griega, en nombre de la seguridad europea y de sus ciudadanos, no deja lugar a la duda. El enfoque securitario ha ido plasmando tanto la manera de interrogarse acerca del fenómeno migratorio como las respuestas dadas a dicho fenómeno. Sus declinaciones principales han sido la defensa de las fronteras europeas y la externalización del control migratorio.
En primer lugar, el control de las fronteras europeas ha sido perseguido a través de una creciente inversión en fuerzas de seguridad (tanto europeas como nacionales), en tecnologías de vigilancia (como el EURODAC) y en medidas de defensa de los puntos fronterizos concretos (con muros y vallas). El territorio europeo se ha hecho cada vez más inaccesible a las personas migrantes, incluso para aquellas que buscan protección internacional. En paralelo, la idea de una migración “segura, ordenada y regular” se ha cristalizado en el mero control migratorio, sobre todo en lo que se refiere a su vertiente más activa: la lucha contra la inmigración irregular. Un síntoma de ello ha sido el aumento del gasto en acciones de lucha contra los traficantes desde la llamada crisis de los refugiados. Estas medidas han provocado trayectos migratorios más peligrosos y un aumento relativo de las víctimas. Sin embargo, para el policymaker europeo, estas consecuencias parecen ser un coste asumible para salvaguardar la seguridad europea. De hecho, y respecto a este objetivo, las políticas de defensa de las fronteras se han demostrado eficaces.
Un modelo migratorio más respetuoso con los derechos humanos pasa necesariamente por la solidaridad entre estados miembros
En segundo lugar, reflexiones análogas pueden plantearse también respecto a la externalización. Esbozada ya a finales de los noventa en ocasión del Consejo de Tampere, la externalización del control migratorio ha ido concretándose durante la primera década de este siglo, para afirmarse como el enfoque principal de las políticas migratorias. La lógica de fondo es sencilla: subcontratar la gestión y el control de los flujos a países de origen y de tránsito. El Plan de acción de La Valletta (2015), el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (2015), el Acuerdo sobre refugiados firmado con Turquía (2016) y el Marco de Asociación con Terceros Países (2016) responden a dicha lógica. Estas medidas han asegurado un mayor control migratorio y una reducción de los flujos de entrada. Objetivo cumplido en este sentido. El condicionamiento de las ayudas al desarrollo, la proliferación de centros de detenciones y la denegación de facto del derecho de asilo, de nuevo, parecen costes asumibles en la estrategia política europea. En definitiva, para la Unión Europea el vaso sigue estando medio lleno.
Lo que no se ha hecho –o, mejor dicho, que no se ha conseguido hacer– nos dice mucho también respecto a lo que podemos esperar del nuevo pacto sobre migración y asilo: la incapacidad de reformar el sistema de Dublín (mecanismo que determina el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo) y el fracaso de los planes de reubicación de refugiados de Italia y Grecia, son cuestiones emblemáticas en este sentido. Los fracasos acumulados en la definición de políticas de asilo y refugio que estén a la altura de los retos humanitarios actuales nos dan una clara idea sobre los límites de la acción política europea en este ámbito. Asimismo, dejan entrever problemas estructurales que van más allá de dichas políticas. En este sentido, el camino hacia un modelo migratorio más humano, eficaz y respetuoso con los derechos humanos pasa necesariamente por la recuperación de la solidaridad entre los estados miembros.
