Lorena Zárate
Presidenta de Habitat International Coalition (HIC) y promotora de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad
Las ciudades actuales son, en mayor o menor medida, clara expresión de la creciente desigualdad, discriminación y violencia que sufren nuestras sociedades, en las que el lucro está por encima del bienestar, la dignidad, las necesidades y los derechos de las personas y la naturaleza. Son muchas las voces que claman por un cambio de paradigma que permita entender los asentamientos humanos y los territorios como bienes comunes, espacios para la vida y creaciones colectivas que debemos cuidar y transformar para las generaciones futuras.
Desde hace medio siglo, el derecho a la ciudad funciona como potente bandera de reivindicaciones y luchas urbanas, así como tópico recurrente del debate académico multidisciplinario en diversos lugares del mundo. Se encuentra ya formulado y reconocido en instrumentos jurídicos y políticas públicas locales y nacionales, y cada vez son más frecuentes las referencias al derecho a la ciudad en documentos internacionales.
Ya sea como eslogan para la movilización social, tópico de investigación, elemento articulador de un nuevo marco legal o componente de programas municipales, el derecho a la ciudad no es un derecho convencional. Los enfoques y herramientas que propone emanan de una visión alternativa de los derechos humanos, la ciudad y la ciudadanía.
Como derecho colectivo, aglutina derechos ya reconocidos y constituye una plataforma de acción para reclamar nuevos derechos (a la energía, al suelo urbano, al espacio público, al transporte público…) por parte de quienes habitan y transitan por nuestras urbes. A la vez, plantea un enfoque territorial que supera los límites administrativos mediante una mirada holística y ecológica de los asentamientos humanos y apunta a profundizar la democracia (no sólo proporcional y representativa, sino redistributiva, directa y comunitaria) en aras de la justicia social, espacial y ambiental.
El derecho a la ciudad implica la realización de los derechos humanos en la ciudad, pero también el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las ciudades, como entes políticos colectivos y autónomos, frente a poderes nacionales, organismos internacionales, instancias multilaterales y actores económicos y financieros globales. Ciudades y regiones que se proclaman como “santuarios” que acogen a personas migrantes y refugiadas; “rebeldes” frente a políticas nacionales o internacionales que pretenden imponer agendas de austeridad y mayor injusticia social; “libres” de minería, fracking y otras prácticas extractivas que expolian territorios y comunidades; “feministas” porque comprenden las experiencias diferenciadas de mujeres y hombres de diversas edades, identidades y condiciones sociales.
El derecho a la ciudad reconoce y apoya las contribuciones de las y los trabajadores de la economía popular, y de la economía social y solidaria
El derecho a la ciudad supone un espacio urbano para la solidaridad, la complementariedad y el bien colectivo que confronta las agendas que promueven la ciudad “competitiva” y la ciudad “inteligente”, impulsadas en beneficio de intereses corporativos obsesionados con el lucro. El derecho a la ciudad, en cambio, reconoce las contribuciones de la economía popular (llamada informal), así como de la economía social y solidaria, al mejoramiento de las condiciones de vida, al cuidado y la cohesión social.
Desde las calles y plazas de São Paulo, Ciudad de México, Nueva Delhi o Durban, hasta Brooklyn, Beirut, Hamburgo y Estambul, múltiples y masivos movimientos ciudadanos han asumido y resignificado el derecho a la ciudad. La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, espacio de confluencia, aprendizaje e incidencia, es uno de los muchos actores que impulsan este cambio de paradigma a nivel material, político y simbólico.
Acciones como la defensa de los espacios y los bienes públicos y comunitarios, junto con el poder emancipador de la diversidad y la cultura; la promoción de la función social de la tierra y la propiedad en oposición a las prácticas de especulación y los desalojos; la lucha de las mujeres por ciudades seguras y sin violencia; la gestión colectiva, responsable y sustentable de los bienes comunes; o el derecho a la producción social del hábitat son algunas de las manifestaciones que reclaman ciudades por y para la gente. El derecho a la ciudad es uno de sus nombres en común. Un paradigma globalizado anclado en lo local y en continuo movimiento.
