Joan Subirats
Investigador sénior asociado de CIDOB y director del Programa de Doctorado del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat Autònoma de Barcelona
El llamado “déficit democrático” es uno de los temas sobre los que más se ha escrito en relación al proceso de integración europeo. La novedad en los últimos años es que ha pasado de ser un debate más bien propio de analistas y académicos a discutirse abiertamente en los medios de comunicación, en los debates y tertulias e incluso entre amigos o colegas en bares o en reuniones familiares. Es evidente que la capacidad de intromisión o influencia de las decisiones de las instituciones europeas en nuestras vidas ha quedado sobradamente de manifiesto desde el estallido de la crisis en el 2007. Hace unos años este era un problema de desajuste entre las lógicas de legitimación y de representación de los poderes decisionales en Europa y de los países miembros, que podía incluso considerarse como asumible en una instancia supraestatal como la UE. Las políticas de austeridad, la prioridad absoluta al pago de la deuda y los efectos que ello ha generado en el ordenamiento constitucional español (por ejemplo, la modificación repentina del art. 135 CE), en las distintas esferas de gobierno y en la cotidianeidad de gran parte de los ciudadanos, han ido generando la convicción (al menos en algunos países) de que Europa impone sus decisiones por encima de la voluntad de los ciudadanos que las padecen. Unos ciudadanos que, además, no acaban de entender que las instituciones que les representan en sus propios países se vean constantemente interferidas por decisiones tomadas en espacios y en reuniones en los que se diluye el sentido de responsabilidad y de rendición de cuentas, con la doble delegación, de los ciudadanos a los representantes electos en cada país, y de ellos a tecnócratas y expertos que deciden lo que es “correcto”. Las soluciones aparentemente “técnicas” tienen efectos sociales y políticos, y esos efectos los asumen y soportan ciudadanos que no saben a quién reclamar.
El "déficit democrático" no es algo específico de las instituciones europeas
Por otro lado, hemos de reconocer que el “déficit democrático” no es algo específico de las instituciones europeas. Los grandes procesos de cambio tecnológico que están en curso sabemos que ponen en cuestión todos los espacios de intermediación que no aportan valor. Y no es casualidad que globalización, crisis económica y cambio tecnológico sean tres componentes principales e interconectados que ayuden sobremanera a poner de relieve la falta de adecuación de la democracia representativa en el cambio de época. La lógica de la representación, concebida en los procesos de cambio que condujeron a los estados liberales, está dejando de tener la capacidad de generar legitimidad de los gobernados y tampoco es capaz de resolver los problemas de accountability tan necesarios en la complejidad de las políticas públicas contemporáneas. Los ciudadanos reclaman más protagonismo en los temas que les afectan, buscan proximidad y control, y reclaman mayor articulación entre los procedimientos y las reglas de juego democráticas y la sustancia y los valores de justicia e igualdad que siempre han acompañado el sentido profundo de la palabra democracia. Ese es hoy uno de los principales retos en Europa y en el mundo.
