Elena Sánchez-Montijano
Investigadora sénior CIDOB y coordinadora del proyecto Sahwa
Aproximadamente el 4% de la población que reside en la Unión Europea son nacionales de terceros países. El número de personas residentes en la Unión que han nacido en un país tercero asciende a 33,5 millones (aproximadamente el 15% de la población total). A pesar de la importancia de la población de origen inmigrante y tras más de 16 años de una acción europea sobre inmigración, las divergencias entre los estados miembros no han dejado de aumentar en cuanto al diseño de políticas y el efecto de estas sobre los residentes de terceros países. Del mismo modo que sucede en otros ámbitos del proceso de construcción europea, la política de inmigración es tan solo una instancia parcial de integración y son finalmente los estados miembros los que ostentan la competencia.
Las conclusiones recién publicadas del Migrant Integration Policy Index 2015 han evidenciado, no solo la disparidad de las políticas de los estados miembros, sino también la necesidad de una política común de integración de la población inmigrante que se desarrolle uniformemente en la UE. Cabe decir que, a día de hoy, son pocos aún los estados miembros conscientes de la importancia y la eficiencia que supondría tener una política de integración alineada con los estándares marcados por la Unión. En este sentido, la Comisión Europea debería emplearse más y mejor para alentar a los estados miembros a desarrollar políticas de integración más ambiciosas y eficaces, especialmente entre los nuevos países de destino de inmigrantes, esto es Europa central y meridional.
La citada coordinación de políticas debería acompañarse también de una ineludible dotación de fondos presupuestarios a largo plazo, capaces de sostener una política permanente que responda a las necesidades de los nacionales de terceros países. De igual forma debería identificar y apoyar aquellas políticas más eficaces, actualizar los indicadores que permitan medir los resultados de las políticas o realizar evaluaciones a partir de los cuales la Comisión Europea pueda comunicar a los estados miembros, así como a la ciudadanía los beneficios de una política de integración.
En 2014, el desempleo entre población inmigrante estaba de media en un 56,5%, con una tasa de riesgo de pobreza del 49%
Sin embargo, las encuestas demuestran que los ciudadanos europeos les reclaman una aproximación global y de conjunto a la política migratoria. Así lo refleja el último Eurobarómetro del Parlamento Europeo (octubre de 2015), en el que cerca del 50% de los europeos sitúan la cuestión de la inmigración como uno de los principales retos a los que se debe enfrentar la UE. Es más, el 66% de los entrevistados afirma que deben tomarse más decisiones a nivel europeo en lo que respecta a las migraciones y, en una cifra muy similar, un 62%, cree que se debe apoyar estas reformas con apoyo presupuestario. Llegado el caso de una política común, el 79% afirma que los procedimientos legales deben ser iguales para todos.
Es precisamente ahora, que la crisis económica ha afectado de forma significativa a la población inmigrante, que una política común de la UE en materia de inmigración deviene aún más necesaria. En 2014, el desempleo entre la población inmigrante estaba de media en un 56,5%, con una tasa de riesgo de pobreza del 49%.
Si bien en 2015 el foco de los medios se ha concentrado en la situación de los refugiados, en la agenda política y discursiva deben seguir estando presentes los más de 33 millones de personas de origen extranjero que residen en Europa, con vistas a que la brecha social y económica no continúe incrementándose y cronifique a la población más desfavorecida.
