
Arturo López-Levy
Profesor de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley
En 2017, el presidente Donald Trump esbozó un proyecto de reversión de la mejoría de las relaciones Cuba-EEUU alcanzada por la Administración Obama. Ya a finales de 2016, Trump giró su postura electoral sobre Cuba desde el centro a la derecha. En las primarias republicanas, el millonario neoyorkino aprobó la apertura de Obama, aun cuando dijo que él hubiese negociado un mejor acuerdo con La Habana. Contra Hillary Clinton, Trump fue a Miami, y junto a los veteranos de la brigada 2.506, los derrotados de Bahía de Cochinos, prometió cancelar la distensión iniciada en diciembre de 2014. El 30 de noviembre, Trump violó la máxima de que “Estados Unidos tiene un solo presidente en cada momento” y como mandatario electo arremetió con una crítica radical a Fidel Castro, con motivo de su fallecimiento.
Hasta sus últimos momentos, la Administración Obama avanzó acuerdos con Cuba. El 12 de enero de 2017 Obama canceló la política conocida como “pies secos/pies mojados” que había incitado una avalancha migratoria cubana a través de Centroamérica y México. El número de inmigrantes cubanos arribados a puertos de entrada terrestres en EEUU se incrementó de unos 25.000 a unos 50.000 en 2016. En coherencia con su orden presidencial de octubre de 2016, Obama atendió el tema migratorio, la piedra angular de la campaña electoral de Trump, con un acuerdo con Cuba, pero en sus propios términos. Obama negoció con el gobierno cubano, una actualización de los acuerdos migratorios de 1994-1995 procurando una emigración “legal, ordenada y segura”. Cuba se comprometió a aceptar un mayor número de deportados; Washington terminó el programa migratorio preferencial para personal de salud vigente desde la era Bush, dirigido a socavar los programas de asistencia médica cubana en 68 países.
El presidente Trump visitó Miami en junio de 2017, y anunció “el fin” de toda la política de Obama hacia Cuba. La nueva orden ejecutiva sigue tres grandes líneas: limitaciones a las autorizaciones de negocios estadounidenses con empresas bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; mayor regulación de los viajes pueblo-a-pueblo bajo la rúbrica educacional; y reiteración de la lista de condiciones enunciadas en la Ley Helms-Burton, que Cuba nunca ha aceptado por equivaler a una rendición de soberanía, como requerimiento previo a avanzar esfuerzos negociadores. La orden presidencial retorna al lenguaje de cambio de régimen de dicha ley, pero no revierte el grueso de lo avanzado durante la administración precedente. No afecta los viajes cubano-americanos, que son más de dos tercios de los casi medio millón de visitantes a la isla procedentes de Estados Unidos. Tampoco recalifica a Cuba como amenaza a la seguridad nacional en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del departamento de Estado, lo que la mantiene en el diagnostico central de un país en transición.
El deterioro del vínculo bilateral ha puesto la relación a la espera de una crisis
El deterioro del vínculo bilateral ha puesto la relación a la espera de una crisis a partir de denuncias de alegados “ataques” contra el personal diplomático estadounidense en Cuba. De inicio, el Departamento de Estado argumentó que se trataba de agresiones sónicas, pero ni la comunidad científica de EEUU ni las entidades vinculadas al contraespionaje como el FBI han explicado la rara naturaleza de los actos denunciados. El Departamento de Estado no responsabilizó al gobierno cubano pero retiró a más de dos tercios de sus diplomáticos de La Habana, expulsando, en reciprocidad, a un porcentaje equivalente de los cubanos acreditados en Washington. Casi toda la actividad de visados para cubanos ha sido trasladada a las embajadas y consulados estadounidenses en Bogotá y México, poniendo en entredicho la implementación de los sensibles acuerdos migratorios.
La respuesta cubana a esas acusaciones evitó escalar el conflicto y la responsabilidad por el deterioro de la relación bilateral. En un acto inédito, el presidente Raúl Castro invitó a una delegación del FBI a visitar la isla y colaborar con las instituciones cubanas para esclarecer los incidentes. El gobierno cubano rechazó en todo momento los intentos del senador Marco Rubio (R-Fl) de responsabilizarlo por las agresiones.
Al alinearse con los sectores más intransigentes del exilio cubano en Miami, y reducir la presencia diplomática estadounidense en la isla, el presidente Trump limitó la capacidad de EEUU para influir en Cuba durante la coyuntura crítica de 2018, el primer traspaso de poder intergeneracional en la presidencia desde la Revolución de 1959.