LA COVID-19 Y LA REDUCCIÓN CONDICIONAL DE LAS SANCIONES EN VENEZUELA: CONTRIBUCIONES AL DEBATE

Directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica

Investigador postdoctoral del Centre for Development and the Environment, University of Oslo

La covid-19 ha generado nuevos llamamientos al levantamiento de las sanciones impuestas a una Venezuela asolada por la crisis. Sin embargo, es necesario que este debate vaya más allá de posiciones simplistas, tanto si consideran las sanciones como un mal necesario para derrocar a un gobierno ilegítimo, o como un instrumento cruel de la dominación imperialista. El debate debería tomar en consideración al menos tres ideas.

La primera, que las sanciones pueden ser un medio eficaz para conseguir cambios políticos, o concesiones menores, pero pocas veces logran un cambio de régimen. Más bien refuerzan las tendencias autocráticas en los regímenes que las reciben, y debilitan la gobernanza, la transparencia, la libertad de expresión y la rendición de cuentas. La segunda, que las sanciones alientan la corrupción, el crimen y la economía informal que acoge la estrategias de supervivencia de los actores públicos y privados. En tercer lugar, sabemos que las “sanciones focalizadas” (dirigidas a sectores o personas particulares) son distintas de las “sanciones comprensivas” que buscan afectar a la economía en su conjunto. En el caso de Venezuela, todas son “focalizadas”. Sin embargo, es distinto un embargo de armas, o las sanciones contra individuos próximos al régimen (debido, por ejemplo, a las violaciones de derechos humanos y al tráfico de drogas), que aplicar sanciones financieras sobre el petróleo y al oro, o sobre cualquier transacción entre el régimen y terceras partes, como las aplicadas a partir de agosto del 2017. En una economía dependiente del petróleo y dominada por el estado como la venezolana, las dos últimas actúan como unas sanciones comprensivas y tienen un impacto  mucho mayor.

La causa fundamental de la crisis venezolana es el fracaso continuo de las políticas, no las sanciones. Esto aplica tanto al nivel macroeconómico como microeconómico. Las sanciones sin embargo, tienen otros impactos: las financieras debilitan al sector privado local, ya que impiden el acceso a la financiación y a los mercados. Es por este motivo que el gobierno transfiere un control creciente de la economía al ejército y a las organizaciones criminales. Las sanciones también restringen el acceso del gobierno a los mercados financieros y a las divisas extranjeras. Las sanciones al petróleo (especialmente después de su ampliación a terceras partes) han reducido aún más los ingresos estatales. La reciente dolarización de la economía es una respuesta tanto a la hiperinflación como a las sanciones.

En teoría, las sanciones no impiden que la ayuda humanitaria entre en el país, pero sí el acceso a la ayuda financiera en un contexto de caída del precio del petróleo y de crisis por la covid-19. Y la caída del precio del crudo deja a Venezuela sin efectivo para importar gasolina, a lo que se suma que EEUU ha impuesto sanciones extra a las empresas que le vendan combustible.

La respuesta del gobierno ha sido la esperada. Las gasolineras han sido militarizadas y el combustible se ha racionado. En cuestión de semanas, Venezuela ha pasado de precios razonablemente bajos en el mercado interior a vender por encima de los precios internacionales debido a la corrupción y la escasez.

Y la carencia de gasolina es dramática durante la covid-19. Trabajadores de primera línea y personal sanitario pasan horas haciendo cola en las gasolineras. Aumenta el malestar social, pero en vez de poner fin al gobierno, esto perjudica la vida y la salud los venezolanos.

Para mitigar la dureza de las sanciones, se ha promovido un programa de intercambio de petróleo por comida y medicinas, así como el acceso a fondos de emergencia del FMI y otros organismos multilaterales. Cualquier medida paliativa requiere que el régimen permita la supervisión parlamentaria de los fondos y recursos utilizados. Las organizaciones internacionales han de poder supervisar y garantizar que aquellos que necesitan ayuda la reciban independientemente de su filiación política. Las asociaciones médicas y las instituciones profesionales necesitan trabajar con independencia para asesorar adecuadamente a la población acerca de la epidemia. Dado que el presidente de facto, Nicolás Maduro, controla la mayor parte del aparato estatal y del ejército, mientras que el parlamento debidamente elegido pero anulado es el que tiene la legitimidad internacional, se requieren acuerdos políticos. Un debate serio sobre el alivio de las sanciones debería respaldar dichos acuerdos y centrarse en cómo levantarlas gradualmente a condición de acciones concretas del gobierno para hacer frente a la crisis.