Armando Chaguaceda
Politólogo e historiador
Cuba vive, desde hace casi sesenta años, bajo un régimen de tipo soviético —hoy en una fase postotalitaria— que consagra el monopartidismo, la ideología de estado, el control estatal de la economía, la educación y los medios públicos, así como el accionar extendido de una policía política como elemento de control social. En cuanto a las organizaciones sociales, la Constitución vigente reconoce la primacía del partido único y el estado sobre las principales organizaciones sectoriales (de masas) de tipo leninista: obreras, campesinas, estudiantiles y femeninas. Las oportunidades de participación ciudadana desde la sociedad civil y la existencia de oenegés se mantiene a niveles precarios, como resultado de las acciones de control y represión del gobierno hacia cualquier forma de auto-organización y autonomía.
Más allá de la creciente diversidad que presenta la sociedad cubana, la política nacional sigue estando marcada por el control por parte de la élite estatal y partidista y, por tanto, la participación política desde los diferentes espacios de la sociedad civil que se van abriendo paso, poco a poco, siguen estando marcados por las pautas oficiales. En Cuba no son permitidas ni las formaciones partidistas opositoras, ni las organizaciones y marchas autónomas de mujeres, los medios alternativos, la asesoría legal sobre Derechos Humanos, o los think tanks independientes. Tampoco pueden operar oficinas locales de reconocidas organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace. Y se criminaliza que se acuda a fuentes foráneas de financiamiento o la asistencia a foros extranjeros de articulación de la sociedad civil.
No obstante no se puede desconocer la dinámica de cambios desatada por la inserción del país —y en el país— de circuitos de libre mercado y, en general, de tendencias trasnacionalizadas. Los emprendedores cubanos han aprendido a hacer lobby y procurarse insumos y capital más allá de las fronteras y las leyes vigentes. Los artistas descubren el artivismo practicado por sus pares de todo el mundo. Los ciudadanos acceden vía Internet a ofertas de comunicación e información ajenas a la verdad oficial, que la matizan o sustituyen. Si bien la ausencia de un proceso democratizador hace que cualquier avance sea limitado y potencialmente reversible, los cambios sociales de la última década no son cosméticos. La sociedad cubana ha cambiado, en los últimos años, a una velocidad que deja obsoleto el esquema de gobernanza vigente. Si los dirigentes y funcionarios insulares pretenden maximizar el control y no aprenden a encauzar una apertura que provea la reproducción y reforma ampliadas del sistema socioeconómico, lo que prevalecerá es una simple sobrevivencia.
La sociedad cubana ha cambiado, en los últimos años, a una velocidad que deja obsoleto el esquema de gobernanza vigente
Como ha señalado Velia Bobes (“Reformas en Cuba: ¿Actualización del socialismo o reconfiguración social?”, Cuban Studies, 44, 2016) en el caso cubano la obstrucción de la acción colectiva, el desinterés hacia la política, el deterioro de las políticas y derechos sociales y la ausencia de derechos políticos, produce una erosión ampliada de la ciudadanía que, sin espacios autónomos de articulación de reivindicaciones frente al Estado, se torna más vulnerable tanto a nivel individual como colectivo. En ese marco “en la medida en que las relaciones entre los gobiernos y sus súbditos sean intermitentes, mediadas, coercitivas y particulares, los incentivos para sumarse a las reivindicaciones públicas y colectivas […] serán mínimos y, en su mayoría, negativos” (C. Tilly y L. Wood, “Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook” 2010). En una apreciación que arroja luz sobre el caso cubano, estos autores admiten incluso que en regímenes unipartidistas la tendencia a restringir la acción de las organizaciones de la sociedad civil —ONGs y movimientos sociales— es aún mayor que bajo otras formas de autoritarismo.
Hoy no existe (aún) un entorno político en el que Estado y sociedad civil se retroalimenten creando flujos de ideas y espacios dialógicos. Más bien parece que el gobierno del Partido Comunista de Cuba refuerza, como lo ha hecho antaño, la “batalla ideológica” y el control policíaco en todos los espacios públicos —incluido el ciberespacio— para desde allí también disputarle el relato a quienes intenten proponer nuevas visiones y proyectos de país. Habrá que ver entonces si la capacidad aglutinadora de actores emergentes de la sociedad civil cubana consigue destapar el escenario de cierre político y sus implicaciones en la vida cotidiana de la gente.