Arturo López-Levy
Profesor asistente visitante en el Gustavus Adolphus College
En el 2018, la Administración Trump retornó para la política hacia Cuba la estrategia de cambio de régimen impuesto desde Washington, aprobada con la ley Helms-Burton del 1996. La reorientación se ha dado a partir de la consolidación de un equipo neoconservador, con los ascensos de Mike Pompeo a secretario de Estado y John Bolton a consejero de Seguridad Nacional.
Para Bolton y Pompeo, la prioridad es satisfacer las demandas del exilio cubano intransigente en el sur de la Florida, y alinear la política norteamericana con los deseos de revancha y reclamación de propiedades de ese sector. No importa cuán fantasiosa pueda parecer la promesa “el año que viene en La Habana”: la idea moviliza votos y recursos cubano-americanos, que las mayorías a favor de la negociación con La Habana nunca darían a Trump. Respecto a Cuba, Trump ha entregado al senador Marco Rubio el control de su política.
El diálogo de EEUU sobre Cuba con América Latina, Canadá y la Unión Europea, requeriría la aceptación por los mismos de las posturas maximalistas del exilio cubano intransigente. La Administración Trump elevó el tono de la retórica agresiva hacia La Habana, amenazando con sanciones.
En un país con un nuevo liderazgo y una constitución mucho más abierta al mercado, a la propiedad privada y a la discusión pública de derechos, —aunque todavía lejos del modelo de la declaración universal—, Trump sigue desperdiciando la oportunidad de resetear la relación, influir positivamente en la transición inter-generacional y librar la política estadounidense del peso muerto de la guerra fría y el fardo que la era de los Castro y su demonización representó en la percepción estadounidense.
Desde el inicio, Trump rechazó trabajar junto a Cuba en la solución del impasse diplomático a propósito de los ataques sónicos, y prefirió usarlos para secar la relación de sus potencialidades de progreso. El riesgo de una crisis migratoria aumenta con el incumplimiento de los acuerdos de visas de 1994-1995.
El año 2018 también demostró los límites del poder del lobby proembargo, que ha tenido que resignarse a la continuación de cooperación en algunas áreas, iniciada en administraciones anteriores y elevada en los dos últimos años de Obama en materias de interceptación de tráfico de narcóticos, tráfico ilegal de personas, y conversaciones entre militares para manejar el perímetro de la base naval de Guantánamo.
Washington ignoró la presencia en territorio estadounidense del presidente Miguel Díaz-Canel en la AGNU. En el voto sobre la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba”, EEUU procuró incluir diez enmiendas condenatorias a La Habana, justificando la política de Washington en términos de derechos humanos. El resultado fueron once derrotas (una por cada enmienda rechazada y otra por la resolución final, 189 a 2, EEUU e Israel).
Una nota positiva, pero aún incierta en sus consecuencias, fue la firma de un convenio entre la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas de Béisbol EEUU (MLB) en diciembre del 2018. Otra dinámica constructiva fue la aprobación por el Congreso de la ley de Agricultura (2018 Farm bill), en la que legisladores antiembargo añadieron una enmienda que incluye fondos para dos programas federales de promoción comercial: Market Access Program (MAP) y el Foreign Market Development (FMD) en el comercio de productos alimentarios estadounidenses en Cuba. Queda por ver si Cuba y el hasta ahora ineficiente lobby antiembargo “Engage Cuba” pueden capitalizar esa fractura en el muro de hostilidad.
Es de esperar que la Casa Blanca proyecte hacia Cuba más medidas punitivas y más retórica hostil
A menos de una semana de los comicios midterm de noviembre, John Bolton viajó a Miami para denunciar la “troika tiránica” (Cuba, Venezuela, y Nicaragua). El asesor de Seguridad Nacional calificó a los tres países de amenaza común para destruir la libertad en el hemisferio y en EEUU. Al viejo estilo macartista, el presidente y su asesor han pretendido insinuar una supuesta conexión entre estos países y el partido demócrata, al que acusan de querer imponer “el socialismo” al pueblo estadounidense. Es evidente que la campaña presidencial de Trump va a seguir apelando a ese tema, pues le es imprescindible para movilizar un porcentaje decisivo de la base republicana que no comparte su visión hacia la migración, pero que le votaría como mal menor frente a un partido demócrata supuestamente radicalizado. A medida que el calendario electoral se cierre, es de esperar que la Casa Blanca proyecte hacia Cuba más medidas punitivas y más retórica hostil.
