Paula de Castro
Investigadora y gestora de proyectos en CIDOB
El año 2016 fue sin lugar a dudas uno de los mejores años para el conflicto en Colombia. Si todo sale según lo acordado, la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP será uno de los hitos más importantes en la historia del país. Sin embargo, son múltiples los retos que hay que superar antes de declarar el fin del conflicto. Uno de ellos es asegurar el éxito del actual proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
A pesar de las buenas intenciones que el gobierno colombiano y el ELN hayan podido tener, el 2016 pasará a ser recordado como el año de idas y venidas entre las partes. Por un lado, el 2016 abrió el capítulo del ELN con el anuncio de la publicación de la agenda de negociación y la voluntad de emprender una fase de conversaciones públicas en Ecuador, Chile, Venezuela y Cuba. Sin embargo, a medida que el año ha ido pasando, el acto de buena voluntad se fue diluyendo en una sucesión de secuestros, liberaciones y atentados por parte del ELN que puso en peligro en varias ocasiones el desarrollo del proceso y la evolución del proceso de paz con las FARC-EP en La Habana.
La agenda negociadora entre el gobierno de Colombia y el ELN se caracteriza por recuperar algunos de los puntos de la agenda con las FARC-EP en aras de asegurar una coordinación de las mesas pero también por claras diferencias. En concreto, los puntos sobre la participación política, el punto del fin del conflicto y de la implementación de lo acordado hacen referencia a las reformas estructurales que deberá emprender el país en términos económicos y políticos recuperando el enfoque territorial de lo acordado en La Habana. Ahora bien, el punto sobre la “participación de la sociedad en la construcción de paz” establece la necesidad de hacer de esta negociación un proceso participativo en el que la sociedad colombiana —y las regiones en particular— sean un actor más en la mesa por medio de sus propuestas. El problema es que esta agenda no establece los mecanismos ni las metodologías a través de los cuales se llevará a cabo este proceso, generando ya algunas reticencias entre los expertos del país. Otra de las diferencias es que esta agenda establece es la dedicación de un punto al tema de la “pedagogía para la paz”. Un aspecto que fue crucial y que presentó debilidades durante el proceso con las FARC-EP.
Establecida la agenda, el inicio de las conversaciones se fue posponiendo durante todo el año. Para el gobierno colombiano, la práctica de los secuestros supuso la línea roja que evitó iniciar las conversaciones públicas. Para el ELN, los secuestros le servían erróneamente para aumentar su margen negociador. Aunque estos episodios de idas y venidas aún ponen en duda el futuro del proceso con el ELN, los avances de la mesa de negociaciones de las FARC- EP durante el 2016 también supusieron un parámetro de presión para ambas partes. Para el ELN el respeto a lo acordado con las FARC-EP abría una ventana de oportunidad para iniciar una negociación en un momento de desventaja táctica Para el gobierno, el reto estaba en la dificultad de asegurar y coordinar dos mesas de negociación paralelas.
2017 deja no solo el reto de la implementación de lo acordado con las FARC-EP sino el desarrollo de un nuevo proceso de paz con el ELN
Así pues, aunque durante el 2016 el gobierno y el ELN no dejaron de hacer anuncios de buena voluntad, el año cerró con una novedad, el nombramiento de los integrantes en la mesa negociadora y la reactivación de una mesa pública. Sin embargo, las dilataciones en el proceso con el ELN deja en 2017 no solo el reto de la implementación de lo acordado con las FARC-EP sino el desarrollo de un nuevo proceso de paz con el ELN en plena campaña electoral para las presidenciales, previstas para mayo de 2018.