Alan Fairlie
Presidente de la Comisión de Desarrollo e Integración Económica del Parlamento Andino
En el primer semestre de 2016 se dieron elecciones en el país, en las que hubo un debate importante sobre la continuidad o perfeccionamiento del modelo en curso, o su cambio (con diferentes matices), que incluía propuestas de una nueva Constitución.
Las elecciones de 2016 vieron un debate sobre la continuidad o perfeccionamiento del modelo en curso, o su cambio, con la propuesta de nueva Constitución
Esto es particularmente relevante, porque Perú había tenido el mayor ciclo de crecimiento sostenido en los últimos treinta años de toda su historia, gracias a los elevados precios internacionales de las materias primas y a las condiciones favorables del entorno internacional. Ese incremento se detuvo, cuando el contexto externo se modificó y llevó a una desaceleración de la economía que puso sobre el tapete la discusión de temas como el de la diversificación productiva y el cambio de inserción internacional, o por lo menos se plantearon dudas sobre los beneficios que un modelo primario exportador podía generar. Esto llevó a un debate no solo sobre la política macroeconómica y la estrategia de desarrollo, sino acerca de temas que afectaban crecientemente a la población, como la inseguridad y la corrupción. La segunda vuelta de los comicios fue disputada por dos fuerzas que planteaban la continuidad del modelo en curso: Fuerza Popular por un lado y Peruanos por el Kambio (PPK) por el otro. En tercer lugar quedó por un muy estrecho margen (2%) el Frente Amplio, partido que aglutinó a un conjunto de fuerzas progresistas que planteaba una verdadera alternativa de cambio.
Finalmente ganó el PPK frente a la candidatura favorita en las encuestas (Fuerza Popular), cambiando en la segunda vuelta su discurso inicial y planteando una serie de alianzas y compromisos con diferentes sectores políticos y sociales. El partido matizó su propuesta económica liberal, y buscó una polarización con la candidata rival, Keiko Fujimori, cuestionando los antecedentes autoritarios y de corrupción del partido contendiente.
Asumiendo el gobierno en julio del 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tenía dos opciones: honrar los compromisos y matices planteados en la segunda vuelta, o retomar su propuesta original. Para ello solicitó facultades legislativas al Congreso, controlado por Fuerza Popular. Después de idas y venidas, estas facultades se otorgaron y se materializaron en 112 decretos legislativos en diferentes ámbitos del quehacer nacional. Una primera revisión de los mismos permite afirmar que se optó por la profundización del modelo en curso, por lo que más allá de contradicciones secundarias con Fuerza Popular, comparten una propuesta común. Pero para implementar este proyecto, el PPK necesita el apoyo de su rival político.
Con un contexto marcado por el cambio internacional, la desaceleración de la economía, la pérdida de aceptación presidencial y algunas señales de contradicción y debilidad, estalló el escándalo de Lava Jato, vinculado a la corrupción por sobornos en los tratos con las grandes empresas brasileñas en el país. Este caso amenaza a la clase política en su conjunto, incluyendo a presidentes de las últimas dos décadas. A la precariedad institucional descrita, se suman factores de desestabilización, que sitúan nubarrones en el horizonte. Este contexto pone a prueba las instituciones democráticas y el desafío es cómo se responde adecuadamente a la crisis; si se buscan salidas en el marco actual, o si se producen alternativas fuera del sistema lideradas por fuerzas extremas de izquierda o de derecha, que capitalicen el descontento popular ante una situación crítica; o si se da la incapacidad de respuesta y la impunidad. Hacemos votos porque se pueda consolidar el primer escenario.
