Rokhaya Diallo
Periodista, escritora y cineasta
En marzo de 2016 fui invitada a un debate televisado en la cadena parlamentaria LCP sobre la violencia policial y el racismo institucional en EEUU. El consenso que había prevalecido entre los participantes se rompió en cuanto intenté hacer un paralelismo con la institución policial francesa. Mi interlocutor, el diputado Axel Poniatowski, se indignó: “no puedo permitir que se afirme que existe un problema institucional en la policía francesa, no se puede hablar del problema en Francia como se plantea en EEUU. En Francia, la policía nacional desempeña su trabajo de manera notable”. Esto demuestra, en mi opinión, que Francia, que no duda en denunciar el racismo de los policías estadounidenses, se niega a ver violencia racista cuando esto ocurre en nuestro propio territorio.
El 20 de julio de 2016, en Beaumont-sur-Oise, en la periferia de París, el joven francés Adama Traoré era detenido cuando intentaba huir de un control de identidad porque no llevaba la documentación encima. Horas más tarde, el muchacho murió a manos de los gendarmes. La versión oficial alegó que falleció por una dolencia cardíaca, pero sus allegados lo desmentían. Finalmente, los estudios periciales establecieron que el joven había muerto por asfixia.
Traoré era un hombre negro, residente en un barrio popular. Sin duda eso es lo que le costó la vida; correspondía con el perfil tipo de los desgraciados que mueren cada año como consecuencia de una intervención policial, algo que Amnistía Internacional denuncia desde hace años.
Sin duda, no tenemos la misma cultura de las armas que los estadounidenses, y en Francia las muertes por tiroteos son mucho más excepcionales. Aquí, el fallecimiento por asfixia es una de las principales causas de muerte de los jóvenes negros y árabes bajo detención policial. En 2007 Lamine Dieng murió asfixiado en un furgón de la policía, y Hakim Ajimi, asfixiado por la compresión torácica y la llave de estrangulamiento practicadas por dos policías. En 2015, Amadou Koumé murió asfixiado cuando lo detuvieron en un bar. Esta ausencia de disparos en plena calle explica que nos resulte mucho más difícil dar la misma visibilidad a estos muertos, en su mayoría franceses no blancos. En efecto, ¿cómo demostrar la culpabilidad de los policías cuando las muertes se producen sin testigos, tras el blindaje de los furgones o entre las paredes de las comisarías?
Según el último informe del Defensor de los Derechos francés, los jóvenes árabes o negros están expuestos a un riesgo veinte veces mayor de ser objeto de control que el resto de la población. De hecho, Francia ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violencia policial racista en su territorio. El 17 de febrero de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos interpeló a nuestro país en relación con “la impunidad de las fuerzas del orden” y “el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra tres personas de origen africano”, incluido Adama Traoré.
A medida que los campamentos de inmigrantes refugiados de Oriente Medio y de África se extienden en las calles de París, se enfrentan a menudo a la brutalidad policial. Al día siguiente de la muerte de Traoré, 2.500 refugiados, incluidos un centenar de mujeres y niños, fueron desalojados sin contemplaciones de sus viviendas improvisadas por la policía.
El propio Estado francés fue condenado en 2015 por el Tribunal de Apelación de París por “falta grave” por llevar a cabo controles de identidad discriminatorios. En su recurso de casación, el Estado presentó alegaciones que constituían una justificación explícita de actos racistas. El informe, que hizo público Médiapart, legitimaba que los controles se dirijieran “exclusivamente a población que parece que puede ser extranjera”. Así pues, el representante del Estado no rebatía la base racista que establece una diferenciación entre “las personas de apariencia extranjera” y las demás, pero impugnaba que constituyera un atentado a las libertades individuales y al principio de igualdad de dichos actos.
El tribunal de casación rechazó el recurso indicando, en particular “que la práctica de los controles por el color de la piel es una realidad cotidiana en Francia denunciada por todas las instituciones internacionales europeas, comunitarias y nacionales y que, por tanto, a pesar de los compromisos adoptados por las máximas autoridades francesas, esa constatación no ha dado lugar a ninguna medida positiva”. Mientras el Estado francés reconoce que, en el marco de algunas operaciones policiales, distingue a los ciudadanos en función de su apariencia racial, el tribunal de casación anuncia que no se ha adoptado ninguna medida para poner fin a estas prácticas, sin embargo muchas veces denunciadas.
