
Matthias vom Hau
Profesor agregado, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Jenifer Casado
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
La dimensión humanitaria de la crisis venezolana es severa. Según un reciente informe de las Naciones Unidas, actualmente en torno al 94% de los venezolanos viven en la pobreza, y su acceso a los servicios más esenciales como el agua, la electricidad y la atención sanitaria es cada vez más difícil.
Si bien las causas del callejón sin salida político en que se encuentra el país, la contracción de su economía y la violencia generalizada siguen siendo objeto de intensos debates, no puede decirse lo mismo de sus consecuencias. A estas alturas es evidente que la crisis ha dado lugar a flujos de emigración masivos. En marzo del 2019, más de 3,4 millones de personas (un 12% del total de la población) habían abandonado el país, y las previsiones más fiables sugieren que otros 1,9 millones probablemente seguirán sus pasos a finales de este año.
Inicialmente, los migrantes venezolanos tendían a proceder de los segmentos más cultos y ricos de la sociedad. Sus destinos principales eran Estados Unidos, España y Panamá. En los últimos cuatro años, sin embargo, la emigración ha aumentado espectacularmente en todos los estratos sociales y ha empezado a incluir también a los ciudadanos más pobres y con menos formación. Los principales destinos también han cambiado. Ahora son otros países latinoamericanos —muy en particular Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil— los que reciben la parte más sustancial de los emigrantes venezolanos.
¿Cómo han respondido los países latinoamericanos a la afluencia sin precedentes de migrantes procedentes de Venezuela?
¿Cómo han respondido los países latinoamericanos a la afluencia sin precedentes de migrantes procedentes de Venezuela? Esta cuestión ha estado en primer plano de nuestra actual investigación sobre la gobernanza de la emigración venezolana en América Latina. Nuestra observación inicial es que la mayoría de países de la región han sido ellos mismos países de emigración y no han sido testigos de ninguna oleada inmigratoria importante, al menos en los últimos cincuenta o sesenta años. De manera nada sorprendente, en consecuencia, sus gobiernos tienden a basarse en un legado de leyes de inmigración y políticas de integración relativamente poco estrictas o incluso acogedoras.
Dicho esto, desde el año 2014 los principales países receptores han avanzado en diferentes direcciones. Algunos países, principalmente los vecinos Colombia y Brasil, han acentuado su actitud acogedora. Han promulgado una serie de medidas concretas para regularizar el estatus legal de los venezolanos dentro de sus fronteras, facilitando al mismo tiempo su acceso al mercado laboral y a los servicios sociales básicos. Por el contrario, Panamá ha implementado gradualmente una serie de medidas más restrictivas para los ciudadanos venezolanos, exigiéndoles un visado y una prueba de solvencia económica. Finalmente, Ecuador no garantiza permisos legales especiales de residencia a los venezolanos ni ha imple-mentado nuevas restricciones sobre la residencia temporal o permanente. Igualmente, el país ha adoptado recientemente una serie de requisitos, como la verificación certificada de antecedentes penales, que de facto impiden a los venezolanos la entrada en el país, si bien en determinadas ocasiones dejan en suspenso estas medidas.
¿Qué puede explicar estas diferencias? Curiosamente, la respuesta particular de un determinado país a la emigración masiva procedente de Venezuela no puede deducirse directamente a partir de su demografía. El número de migrantes venezolanos en Colombia, por ejemplo, es quince veces mayor que en Brasil, y sin embargo los dos países son igual de acogedores. En nuestra opinión, una combinación de factores económicos y políticos desempeña un papel crucial. Colombia, Brasil y Ecuador forman parte de varias instituciones y acuerdos supranacionales como Mercosur, y Panamá no. Panamá, además, es bastante más rico que otros países receptores, lo que lleva a la percepción de que los migrantes venezolanos, especialmente los más pobres, representan una amenaza para el bienestar económico del país. En el caso de Ecuador, también la política es un factor central. El alineamiento ideológico del país con el régimen chavista ha llevado al gobierno ecuatoriano a abstenerse de implementar medidas para regular concretamente la emigración venezolana, y trata en cambio de dar una respuesta coordinada a nivel regional. Todavía no se sabe qué forma adoptará esta respuesta y qué países la respaldarán.