
Louise Tillotson
Investigadora para el Caribe en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
A finales de 2018 en Cuba, donde internet sigue estando controlada por el gobierno y censurada, el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, lanzó una cuenta de Twitter. Desde entonces, una de sus etiquetas favoritas ha sido “#SomosContinuidad”. Pero, ¿qué significa “continuidad” para los derechos humanos en Cuba?
Tan solo un mes después de que el presidente ocupara su cargo, la ONU examinó el historial de derechos humanos de Cuba. Como en los exámenes anteriores, las autoridades cubanas siguieron rechazando las recomendaciones formuladas por otros Estados miembros de la ONU para que ratificaran los tratados internacionales de derechos humanos más básicos. También rechazaron múltiples recomendaciones respecto a fortalecer la independencia del poder judicial o casar la legislación penal cubana con el derecho internacional.
“Continuidad” significa asimismo que Cuba seguirá siendo el único país del continente que Amnistía Internacional, y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos, no pueden visitar. En septiembre reiteramos nuestras múltiples peticiones de entrar en Cuba, y el embajador de Cuba ante la ONU nos dio una respuesta: “Amnistía Internacional no ingresará en Cuba, no necesitamos sus consejos”.
Pero no nos disuadirán. Siempre preferimos sentarnos con los gobiernos y escuchar su versión de los hechos, pero aun así seguiremos encontrando maneras de sortear este obstáculo. Por ejemplo, en 2017, cuando miles de migrantes de Cuba se dirigían a Estados Unidos, entrevistamos a más de 60 de esas personas en México. Muchas habían vendido cuanto poseían, y habían cruzado ocho países en busca de una vida donde no se sintieran asfixiadas por la opresiva maquinaria estatal cubana.
¿Qué significa “continuidad” para los derechos humanos en Cuba?
El informe que redactamos a partir de esas entrevistas con cubanos y cubanas corrientes detallaba cómo seguían utilizándose cargos falsos de delitos comunes, y despidos por motivos políticos en empleos públicos, para silenciar a quienes criticaban, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
El presidente Díaz-Canel parece que quiere reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. En abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó fue el Decreto 349, una perspectiva distópica que pretende censurar a los artistas, quienes necesitarán autorización previa del Estado para trabajar o, de lo contrario, se exponen a ser sancionados. Hasta el momento, según la información disponible, las autoridades han detenido arbitrariamente a artistas que se han atrevido a protestar contra esa ley. Por supuesto, esto no es nada nuevo. Amnistía Internacional lleva documentando represión contra los artistas independientes en Cuba desde la década de los ochenta.
Quizá el año pasado se atisbó un rayo de esperanza en el proceso de reforma constitucional, con la inclusión, en el primer borrador, de salvaguardias contra la discriminación de las personas LGBTI, y de una disposición que habría convertido a Cuba en la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero a finales de 2018 el gobierno había retirado del borrador de Constitución, que fue aprobado en referéndum el pasado 24 de febrero, el apoyo a las uniones entre personas del mismo sexo.
La nueva Constitución contiene algunas otras partes progresistas, como el reconocimiento explícito del cambio climático como amenaza global. Pero, a menos que las autoridades dejen de encerrar a activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola por presunto “desacato” o falta de respeto a funcionarios públicos, o proporcionen a los cubanos y cubanas acceso a información para participar en políticas que afectan al medio ambiente, y hagan al poder judicial lo bastante independiente como para hacer cumplir derechos protegidos por la Constitución, resulta difícil imaginar cómo conseguirá la nueva Constitución traducirse en la práctica en una mayor protección de los derechos humanos.
¿Qué significa “continuidad” para los derechos humanos en Cuba? Es enfrentamiento y, a menudo, detención o pérdida del empleo, en lugar de diálogo, para cualquiera que desafíe al sistema estatal. Es la constante prohibición del trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos.
No obstante, dentro de este desgastado sistema, “continuidad” es también la valentía de periodistas independientes y activistas de derechos humanos que se arriesgan, sufren detención y se atreven a mirar a través de las frías líneas divisorias de la ideología política para pensar en alternativas y cambio.