Soli Özel
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Kafdir Has de Estambul
El año 2016 no fue muy prometedor para Turquía: las normas democráticas sufrieron un grave contratiempo después del fallido golpe de estado del 15 de julio. Pero incluso antes el camino hacia la intransigencia y la violación de derechos fundamentales estaba ya en marcha, justificado por la lucha contra Gülen (actualmente identificada como la organización terrorista FETÖ-Fethulah).
El intento de golpe ha traumatizado a la nación. Presumiblemente, de haber triunfado, Turquía se habría visto envuelta en una guerra civil con un ejército dividido. La mayoría de observadores se sorprendieron de que hubiese tantos gülenistas en el ejército, aunque su presencia en la policía y en la judicatura era bien conocida. Este intento de golpe ha sido el más sangriento en el país, con 250 víctimas civiles, y Erdogan y el gobierno mantuvieron a la gente en la calle durante casi un mes en una serie de “manifestaciones en defensa de la democracia” para bloquear cualquier intento de repetición del golpe.
Lo que muchos turcos consideraron que fue una tímida reacción de la EU y de EEUU generó tensión con los aliados occidentales. Las duras críticas de Occidente a las medidas tomadas por el gobierno después del golpe, que convirtieron la necesaria operación de limpieza contra los gülenistas en una purga mucho más amplia, exacerbó la sensación de distanciamiento. El gobierno siguió adelante con sus medidas sin hacer caso de las llamadas de la Unión Europea.
2016 registró en Turquía un severo deterioro en el imperio de la ley
En consecuencia, el año registró un severo deterioro en el imperio de la ley, particularmente una vez que los “decretos ejecutivos” del estado de emergencia rigieron el país. Aquellos relacionados con el movimiento de Gülen de manera directa o indirecta, fueron arrestados, encarcelados y/o expropiados.
La otrora prometedora participación kurda en la vida política turca también tuvo un trágico final en 2016. La guerra de trincheras del PKK topó con una fuerza incontenible que destruyó muchos barrios, pueblos y ciudades en el sudeste de Turquía. Casi medio millón de ciudadanos se quedaron sin hogar tras los combates. El PKK continuó sin embargo sus ataques terroristas contra objetivos en las grandes ciudades, que causaron muchas víctimas.
2016 fue también el año en que Turquía se convirtió en objetivo de la brutalidad de la organización Estado Islámico (EI), ya que esta organización llevó a cabo una serie de sangrientos atentados contra objetivos kurdos o extranjeros.
En los asuntos exteriores, el año estuvo lleno de sorpresas causadas por los cambios activados por el gobierno turco, sobre todo después de la destitución del ministro de Exteriores Ahmet Davutoğlu, el arquitecto de la nueva política exterior turca. Bajo el lema “reducir el número de nuestros enemigos y aumentar el de nuestros amigos”, el primer ministro Yildirim ha introducido cambios respecto a Rusia, ha dado pasos para acercarse a Israel y ha reducido las ambiciones turcas, aunque al mismo tiempo ha atacado al EI y ha emprendido una operación militar, “Escudo del Éufrates”, contra dicha organización, pero que también ha alcanzado al grupo kurdo PYD.
El gobierno dejó que se deterioraran las relaciones de Turquía con sus aliados occidentales, particularmente con EEUU, por el presunto apoyo norteamericano al PYD y a su ala armada en Siria, las YPG (Unidades de Protección Popular), enemigas del EI. Estos grupos son extensiones del PKK que luchan contra el Estado turco y son considerados una organización terrorista por los aliados de Turquía. En consecuencia, Turquía considera al PYD/YPG una organización terrorista. Ankara ha declarado su objetivo de unir a las tres zonas controladas por los kurdos de Siria en el norte del país, porque considera que la creación de un corredor hacia el sur controlado por el PYD constituiría una amenaza existencial.
El tratado sobre los refugiados firmado con la UE a principios de año, y que provocó críticas de los defensores de los derechos humanos y del Parlamento Europeo, continúa vigente pese a las tensiones ocasionales y a las amenazas turcas de que si la cláusula que preveía la posibilidad de viajar sin visado no se implementaba, denunciarían la totalidad del tratado. Esto no sucedió, pero el mal ambiente perduró porque la UE siguió insistiendo en que Turquía tenía que cambiar su ley antiterrorista, y Ankara se negó rotundamente, invocando el golpe y el peligro terrorista.
