Marc Pierini
Profesor visitante en Carnegie Europe, exembajador de la Unión Europea en Turquía, Túnez y Libia, Siria y Marruecos
Hace 21 años, la Unión Europea y casi todos los otros países de la cuenca mediterránea tenían un punto de vista común para la región basado en valores compartidos y en objetivos económicos, sociales y culturales conjuntos. Desde entonces, la región, y la política de la UE respecto a ella, se ha visto sacudida por el terrorismo, las revoluciones y las migraciones descontroladas. La UE está obligada a revisar su visión sobre el Mediterráneo a la luz de estos trascendentales acontecimientos y a hacerlo sin perder su esencia.
Hoy, la Asociación Euromediterránea, lanzada en noviembre de 1995 en Barcelona, parece un marco político muy distante. Este concepto idealista, respaldado entonces por los gobiernos a ambos lados del Mediterráneo, ha quedado hecho añicos por los acontecimientos: la oleada de ataques terroristas de Al Qaeda desde el 2001 en adelante; las revoluciones árabes iniciadas en 2011; el surgimiento del Estado Islámico en 2014, y el aumento de las migraciones desde el 2015.
Confrontada con estos importantes acontecimientos, la Unión Europea ha abandonado en parte sus compromisos de 1995. Después de septiembre de 2001, se ha dado una clara prioridad a la cooperación contra el terrorismo con países como Túnez, Egipto o Siria, lo que de hecho va en contra de los objetivos de defensa de la democracia y los derechos humanos apuntados en el Proceso de Barcelona.
Después de las revoluciones árabes y de la caída de regímenes dictatoriales en Túnez, Egipto y Libia, la Unión Europea trató de ajustar su política en la región diferenciando más entre países pero manteniendo el mismo conjunto de políticas orientadas a apoyar a las sociedades abiertas y a los sistemas económicos liberales. No está claro que este conjunto de políticas de la UE siga teniendo sentido en todos los casos; la UE fue incapaz de hacer valer su influencia en Egipto, Siria o Libia. En países como Jordania o el Líbano, la UE se ha limitado a dar su apoyo a los gobiernos en la gestión de la afluencia masiva de refugiados. Se apoyó con firmeza a Túnez, pues su revolución representaba la evolución política más compatible con los valores y principios de la UE.
Al mismo tiempo, desde enero de 2011 la UE ha introducido una nueva arquitectura de política exterior que supuestamente daría más consistencia a las políticas en toda la UE, pero que en la práctica ha dado mayor prominencia a los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros más grandes de la Unión.
Hoy la política de la UE en la región mediterránea se basa más en los intereses que en los valores
En consecuencia, hoy, la política de la UE en la región mediterránea se basa más en los intereses que en los valores. También es más transaccional y guiada por los acontecimientos. Gestionar bien la relación con una región inmersa en una profunda agitación es mucho pedir, especialmente si tenemos en cuenta que la propia Europa está sujeta a una ola de terrorismo, a la influencia cada vez mayor de los partidos de extrema derecha y a un pujante sentimiento xenófobo.
Sin embargo, que la visión política que tenía la UE 21 años atrás se haya visto desbordada por los acontecimientos políticos no significa que sea totalmente obsoleta. Necesita una profunda revisión para ponerla a tono con las nuevas realidades políticas: unos regímenes autoritarios resistentes o en expansión; la fuerte presencia de Rusia y de Irán en Oriente Medio; la masiva influencia de las redes criminales de tráfico de seres humanos (en Turquía, Libia y Egipto en particular); la persistencia de actividades terroristas tanto en los países mediterráneos como en la propia Europa.
Con ello, la UE debe mantener sus valores intactos y trabajar de un modo más intenso con los gobiernos más dispuestos a abrazar estos valores, e interviniendo de un modo más limitado en aquellos países que prefieran mantenerse al margen de estos valores. Y lo que es más importante: la UE ha de esforzarse para forjar una política mediterránea respaldada por todos los gobiernos de sus Estados miembros.