Pamela Urrutia
Investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona
Desde la unificación de Yemen del Norte y del Sur hace treinta años, la única república en la península Arábiga ha sido escenario de diversos focos de inestabilidad. Entre ellos un movimiento insurgente liderado por los al-houthistas –que en 2004 inició una rebelión armada en el norte, una creciente actividad secesionista en el sur y la presencia de una filial de al-Qaeda –y más recientemente de Estado Islámico– en el territorio. El país adquirió notoriedad en el 2011, en el marco de las Primaveras Árabes. Yemen se convirtió en el único escenario de transición pactada y albergó un diálogo nacional que fue considerado una referencia interesante en la región por reunir a actores diversos en la búsqueda de soluciones. Las conclusiones del diálogo nacional, sin embargo, no llegaron a implementarse y la transición descarriló. Los al-houthistas aprovecharon la inestabilidad interna para avanzar posiciones desde su feudo en el norte y expulsar al gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi. Convencida de que los al-houthistas son proxies de Irán, Arabia Saudí decidió intervenir militarmente en apoyo del gobierno depuesto en marzo del 2015. Desde entonces la violencia ha escalado, en el marco de un conflicto caracterizado por la proyección de intereses regionales, con decenas de miles de muertes, y que ha abocado al país a la peor crisis humanitaria que hoy tiene lugar en el mundo.
La firma del Acuerdo de Estocolmo entre los al-houthistas y el gobierno de Hadi en diciembre del 2018 alentó tímidas expectativas de paz. El pacto promovido por la ONU aborda temas muy concretos y localizados, y se percibió como un paso crucial para evitar una escalada de hostilidades en Hodeida y como una vía para construir confianza de cara a una futura negociación más sustantiva. Sin embargo, durante el 2019 se evidenciaron múltiples dificultades para su implementación, favorecidas por cierta vaguedad en el redactado que alentó interpretaciones dispares. A esto se sumó la desestabilización derivada de los enfrentamientos en el bando anti al-houthista, entre las fuerzas de Hadi y los sectores separatistas del sur reunidos en el Southern Transitional Council (STC) y apoyados por EAU. Arabia Saudí consiguió que las partes suscribieran el Acuerdo de Riad en noviembre, concebido como una fórmula para evitar una nueva guerra dentro del conflicto armado yemení.
El país se ha convertido en escenario de una confrontación indirecta entre Riad y Teherán
Los retos para la paz en Yemen son múltiples. Cabe enunciar al menos tres. En primer lugar, la persistencia en la vía militar por los numerosos actores involucrados en el conflicto, pese a los acuerdos en marcha; el país se ha convertido en escenario de una confrontación indirecta entre Riad y Teherán, también afectada por la pugna entre Irán y EEUU. Arabia Saudí, que en el 2019 se implicó en negociaciones informales con los al-houthistas, desea poner fin a su aventura militar en Yemen, pero persistirá en su empeño por frenar la influencia de Irán en la región. Teherán no quiere que Riad se convierta en el principal artífice de un acuerdo de paz y buscará elevar el coste de su salida, por lo que podría intensificar su cooperación con los al-houthistas. El Gobierno de Hadi, mientras, ha exhibido sus recelos sobre el Acuerdo de Estocolmo y teme que el enfoque de la ONU legitime el control territorial de los al-houthistas. A esto se suma la posición de EAU: si bien anunció su retirada de Yemen en el 2019, mantiene sus propios intereses en el país y no parece estar presionando en exceso al STC para cumplir el Acuerdo de Riad. La continua provisión de armas a los actores del conflicto tampoco ayuda a revertir la vía violenta.
Un segundo reto, urgente e ineludible, es abordar la crisis humanitaria. Yemen, que antes de este conflicto ya era el país más pobre del mundo árabe, tiene ahora al 80% de su población necesitada de ayuda. Los padecimientos de la población se han agudizado por los obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria, la corrupción y la especulación con bienes básicos en el marco de la economía de guerra.
Por último, se requieren esquemas de negociación y diálogo inclusivos, que reconozcan las complejidades del escenario yemení. Es crucial implicar a la sociedad civil y, en especial, a las mujeres que desde distintos espacios vienen identificando prioridades para abordar el conflicto y reclamando una participación sustantiva en las negociaciones. El año 2020, el del 20 aniversario de la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, ofrece una ocasión ideal para un mayor reconocimiento de sus voces y protagonismo para decidir el futuro de Yemen.
