CAROLINA SÁNCHEZ-PÁRAMO
Directora global de la Poverty and Equity Global Practice, Banco Mundial
Después de dos años de angustia económica mundial, el mundo se está recuperando lentamente de los efectos de la pandemia de la COVID-19. Se empiezan a vislumbrar algunos signos de revitalización en la productividad económica, en la movilidad global y en el comercio. Ahora bien, los países de renta baja son los que se han visto más afectados por la pandemia, y no solo eso, en el «retorno a la normalidad» son los que se están recuperando más lentamente en comparación con los países desarrollados. También se está poniendo de manifiesto cada vez más que los logros económicos alcanzados por los mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo en las dos últimas décadas se están viendo revertidos, en diversa medida, por el impacto de la pandemia.
Según el informe Perspectivas Económicas Globales[1], publicado en junio de 2022 por el Banco Mundial, la pandemia ha aumentado la desigualdad de ingresos entre países y dentro de cada país, así como la desigualdad de oportunidades. De hecho, las encuestas telefónicas realizadas por el Banco Mundial durante la pandemia sugieren que la desigualdad de ingresos aumentó más en aquellas regiones y países en los que los niveles de desigualdad prepandémicos eran también más altos. En consecuencia, los niveles de desigualdad de ingresos dentro de cada país son parecidos a los de hace una década. Si tiene que haber coherencia en la recuperación global de la pandemia, es preciso abordar urgentemente estos problemas.
Por lo que se refiere a la pérdida de puestos de trabajo y los recortes salariales, estos han afectado de manera transversal a personas de todos los niveles de renta, pero el impacto de la pandemia ha sido mayor en las poblaciones más pobres. Más del 60% de las personas encuestadas declararon haber visto disminuidos sus ingresos, y esta cifra se eleva hasta el 70% en los países de renta baja.
La recuperación de la crisis también está siendo desigual, y los que desde el inicio resultaron más afectados son los que se han quedado más rezagados. El año 2021, los ingresos medios de las personas del 40% inferior de la distribución global de la renta eran un 6,7% inferiores a los de los niveles prepandémicos, mientras que los de las personas del 40% superior eran un 2,8% inferiores. Con el retroceso de la pandemia, el 40% superior ha recuperado más del 45% de las pérdidas iniciales de ingresos, mientras que el 40% más pobre todavía no ha iniciado una recuperación de su renta.
Dichas encuestas telefónicas también pusieron de manifiesto que las familias urbanas se vieron más castigadas que las familias rurales, debido a que la agricultura no se vio tan afectada como otros sectores. Las empresas pequeñas y las microempresas –que son la principal fuente de empleo de los pobres y de otros grupos vulnerables como las mujeres, los trabajadores no cualificados y los trabajadores del sector informal– fueron las más afectadas. Esto ha producido una pérdida enorme de ingresos y de puestos de trabajo entre las poblaciones urbanas, por no mencionar la erosión de la mano de obra y del capital empresarial, que puede ser muy difícil de revertir.
Para lograr que nuestras sociedades sean más resilientes frente a futuras crisis debemos abordar hoy mismo las desigualdades estructurales
El acceso limitado a los ahorros, al crédito, y al apoyo gubernamental en forma de transferencias en efectivo, llevaron a muchos pobres y familias vulnerables a recurrir a estrategias de supervivencia de consecuencias potencialmente muy dañinas a largo plazo. En este sentido, algunos de los encuestados declararon saltarse comidas para hacer frente a la reducción de ingresos, lo que podía significar una grave afectación en la salud y consecuencias negativas a largo plazo en el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Otros se vieron obligados a vender medios de producción o a reducir el capital de trabajo, lo que podía socavar severamente su capacidad productiva, y producir a la larga una fractura económica.
Las pérdidas sufridas por los pobres y vulnerables no se limitaron a los ingresos. El cierre de escuelas, combinado con el acceso limitado a la educación a distancia, ha significado que millones de niños hayan dejado de recibir educación durante meses. En los países de renta baja, las encuestas telefónicas pusieron de manifiesto que solo el 39% de los niños que iban a la escuela antes de la pandemia realizaron actividades educativas o de aprendizaje después del cierre de sus escuelas durante los confinamientos. Se estima que la COVID-19 podría provocar unas pérdidas acumuladas de entre 0,3 y 0,9 años de escolarización, siendo de nuevo las familias más pobres en las que esta carencia tendría más repercusión.
Finalmente, la crisis ha afectado a las mujeres de forma desproporcionada. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre el 2019 y el 2020 el empleo femenino cayó un 4%, comparado con una caída del 3% en el masculino. Debido a las disrupciones en la escolarización, las mujeres también pasaron más tiempo en casa cuidando a sus hijos durante los confinamientos.
Urge tomar medidas
El objetivo, por consiguiente, especialmente en los países de renta media y baja, es tomar medidas urgentes encaminadas a acelerar la recuperación económica y retornar a la población al mercado laboral. Esta es una batalla que debe librarse en muchos frentes. Un paquete integral de medidas políticas y un redoblamiento de esfuerzos en la implementación de reformas para la mejora de la productividad ayudarían a conducir la recuperación global hacia una senda más equitativa.
Un primer paso que puede contribuir a reducir la desigualdad entre países sería incrementar el suministro de vacunas contra la COVID-19 para los países de renta baja y garantizar una rápida implantación global de la vacunación. Los actuales índices bajos de vacunación en muchos mercados emergentes y en las economías en vías de desarrollo podrían entorpecer su crecimiento.
Para garantizar que la recuperación sea equitativa dentro de cada país, es preciso implementar políticas centradas en los sectores más vulnerables de la población: mujeres, trabajadores con salarios bajos, trabajadores del sector urbano informal, y pequeñas empresas. Las medidas fiscales de apoyo, como las transferencias sociales financiadas por una ampliación de los ingresos públicos, son fundamentales para el éxito de este proceso, cuya eficacia ya se ha demostrado en los países en vías de desarrollo.
Deben implementarse también medidas que amplíen el acceso a la educación, a la asistencia médica, a los servicios digitales y a las infraestructuras. Esto incluye dar acceso a los servicios financieros y a la tecnología e invertir en redes de protección y en seguridad social. Además, con la reapertura de las escuelas, hijos, padres y madres necesitarán por igual políticas de apoyo concretas. Las pérdidas en educación y en ingresos no deberían traspasarse de una generación a la siguiente. Como consecuencia, a la hora de dirimir los cambios políticos a largo plazo, debe contarse con un mayor apoyo gubernamental al desarrollo de la primera infancia, un acceso a la educación de alta calidad y a la cobertura sanitaria, unas políticas laborales efectivas y una mejora general de las infraestructuras –especialmente en las áreas rurales–, además de un mayor acceso a la tecnología y a la financiación.
La ayuda de la comunidad global es esencial para facilitar el retorno a una recuperación verde, resiliente e inclusiva. Para lograr que nuestras sociedades sean más resilientes frente a futuras crisis debemos abordar hoy mismo las desigualdades estructurales.
NOTAS
[1] Véase Banco Mundial. «Perspectivas Económicas Mundiales», junio de 2022. (en línea) https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects