José Moisés Martín
Economista, miembro de Agenda Pública
Transcurridos tres años de fuerte recuperación y creación de empleo, España entró en el año 2018 en una nueva fase de su ciclo económico, marcado por la desaceleración del crecimiento y de la creación de empleo, siguiendo la tónica general mostrada por una economía mundial y europea con un mayor grado de ralentización. Las vicisitudes del comercio internacional, muy marcadas por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la volatilidad de los mercados y el final de los estímulos monetarios del Banco Central Europeo, configuran un escenario de crecimiento lento y una mayor vulnerabilidad frente a las eventuales crisis financieras.
España se enfrenta a esta nueva fase económica con una tasa de desempleo todavía demasiado alta (un 14,45% en el cuarto trimestre del 2018, alrededor de ocho puntos por encima de la media europea), y con una alta deuda pública, que ronda el 100% del PIB. Ahora bien, el país también dispone de una mejor posición fiscal global, al haber abandonado, tras diez años, el procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. Los vientos de cola que permitieron el fuerte crecimiento de los últimos años han cesado en su empuje y la demanda externa vuelve a ser negativa, tras años de contribución al crecimiento del PIB. Con un nivel salarial todavía sin recuperar y un ahorro de las familias en tasas negativas, el crecimiento económico dependerá entonces del consumo interno y la inversión, que se ha visto muy afectada por el clima de incertidumbre del segundo semestre del 2018. En este escenario, el riesgo de que España vuelva a acumular desequilibrios macroeconómicos en su saldo con el resto del mundo y en el nivel de endeudamiento total es significativo, y las autoridades de política fiscal y monetaria deberán mantenerse atentas durante todo el ejercicio.
Frente a este escenario, la clave del futuro desempeño de nuestra economía dependerá de la capacidad de incrementar el crecimiento potencial a largo plazo. Para ello, son necesarias medidas como la promoción de los sectores basados en el conocimiento y la innovación, la formación del capital humano y la incorporación de la población al mercado de trabajo, y las reformas liberalizadoras tendentes a incrementar la productividad, que, en el año 2018, volvió a entrar en tasas de crecimiento negativo. Queda mucho por hacer en materia de liberalización de mercados en una economía todavía muy dominada por sectores con una fuerte regulación.
Estamos en un momento óptimo para acometer reformas fiscales y de política industrial y de mercados
Este proceso de reformas debe completarse con un giro social en la lucha contra la desigualdad y la exclusión social, que ha sido fruto de años de alto desempleo y de un mercado laboral ineficiente y desigual. España ha visto crecer mucho sus niveles de desigualdad durante la crisis, pero la recuperación no permitió reducirlos sustancialmente. La situación laboral de los más jóvenes y de los mayores de 45 años parados de larga duración debería ser una prioridad, al tiempo que las pensiones necesitan de una reforma valiente que garantice su sostenibilidad en el medio y el largo plazo.
Nos encontramos en definitiva en un momento óptimo para acometer reformas fiscales y de política industrial y de mercados, y permitir de este modo liberar el potencial todavía desactivado de buena parte de nuestra estructura productiva. Aunque es imposible predecir la aparición de un cisne negro que desencadene una nueva crisis, los riesgos que se vislumbran en el horizonte no parecen todavía lo suficientemente severos como para vaticinar una nueva recesión. Por eso mismo conviene aprovechar el momento para prepararse ante esta eventualidad que, tarde o temprano, volverá a aparecer en el escenario económico mundial y español.
